La Justicia federal logró un avance decisivo en una de las causas por narcotráfico más importantes de los últimos años: fue extraditado desde Bolivia a la Argentina el hombre acusado de haber suministrado casi una tonelada de cocaína a una organización criminal que operaba en el norte y centro del país. El imputado quedó a disposición de los tribunales argentinos, donde será juzgado por delitos vinculados al tráfico de estupefacientes a gran escala.
Se trata de Roberto Zacarías Acuña, ciudadano boliviano, también identificado bajo el nombre de Roberto Acuña Magne, señalado por la investigación como el principal proveedor de droga de una banda conocida como el “Clan Brizuela”. Según el expediente, la organización intentó ingresar al país más de 800 kilos de cocaína provenientes de Bolivia, utilizando rutas que atravesaban las provincias de Jujuy y Salta.
Zacarías había sido detenido en 2025 en la localidad boliviana de Villazón, luego de permanecer prófugo mientras avanzaba la investigación en Argentina. Tras completarse el proceso de extradición, fue trasladado al país para enfrentar cargos por narcotráfico ante la Justicia federal. El resto de los integrantes de la banda ya fue condenado en instancias judiciales anteriores.
Durante más de un año, el nombre de Zacarías apareció de manera recurrente en escuchas telefónicas, seguimientos y cruces de comunicaciones que forman parte del expediente. Si bien no participaba directamente en el transporte ni en los puntos de acopio de la droga, los investigadores lo consideraron una pieza clave dentro de la estructura criminal, por su rol como proveedor desde territorio boliviano.
La causa se originó a partir de un operativo realizado en marzo de 2024, cuando efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron un camión que transportaba casi una tonelada de cocaína. La droga estaba oculta bajo una carga de zapallos y calabacines, una maniobra utilizada para intentar burlar los controles. En total, se secuestraron 861,95 kilos de cocaína, uno de los decomisos más grandes registrados en el país.
A partir de ese procedimiento, la investigación permitió reconstruir el funcionamiento de una organización dedicada a la venta de estupefacientes a gran escala, con ramificaciones en varias provincias. Según la acusación, Zacarías era el encargado de abastecer la cocaína desde Bolivia, coordinando el ingreso al país a través de pasos fronterizos del norte argentino.
El expediente señala que la droga ingresaba por sectores de Jujuy y Salta, donde lograba sortear controles aduaneros mediante métodos que aún no fueron completamente esclarecidos. En algunos casos, de acuerdo a la investigación, el traslado se habría realizado de forma personal o con la colaboración de familiares, lo que evidencia el grado de confianza y cercanía dentro de la operatoria.
Una vez en territorio argentino, la logística quedaba en manos del resto de la banda. En ese entramado aparece el rol de Rosa María Espinoza, conocida como “Mery”, quien fue identificada como el nexo operativo entre el proveedor y los responsables del transporte y la distribución. Según la causa, era ella quien coordinaba entregas, pagos y contactos con los líderes de la organización que operaban principalmente en Córdoba y Buenos Aires.
Las escuchas telefónicas constituyen una de las pruebas centrales del expediente. En esas conversaciones, los integrantes de la banda se referían a la droga con términos específicos, describiéndola como cocaína de alta pureza, conocida en el ambiente narco como “cristal-laja”. También se mencionaba un sello distintivo, el del “Delfín”, especialmente en su versión “verde”, considerada de mayor valor en el mercado ilegal.
De acuerdo a los registros incorporados a la causa, el valor de esa cocaína rondaba entre los 3.800 y 3.900 dólares por kilo una vez puesta en Córdoba, lo que permite dimensionar el volumen económico del negocio y el impacto que habría tenido su distribución en distintas provincias.
La extradición de Zacarías Acuña representa un paso clave para cerrar el círculo judicial sobre la estructura criminal. Con su traslado al país, la Justicia busca avanzar en el juzgamiento del último eslabón que permanecía fuera del alcance de los tribunales argentinos.
