El juez federal Alejandro Patricio Maraniello quedó en el centro de la escena tras dictar un fallo que prohíbe difundir audios atribuidos a Karina Milei, hermana del Presidente y secretaria general de la Nación. La decisión judicial generó rechazo inmediato por parte de organizaciones civiles, que ahora piden su destitución ante el Consejo de la Magistratura.
El Observatorio del Derecho a la Ciudad presentó una denuncia por mal desempeño, argumentando que el fallo implica un acto de censura previa y genera un efecto intimidante sobre periodistas y medios. Consideran que se trata de una medida arbitraria, tomada sin haber escuchado el contenido de las grabaciones.
El fallo de Maraniello ordena cesar la difusión de los audios grabados en la Casa Rosada, atribuidos a Karina Milei y denunciados por el Gobierno como parte de una supuesta operación de inteligencia ilegal. La denuncia oficial, presentada por el Ministerio de Seguridad, habla de un intento de desestabilización política en plena campaña electoral.
Desde la organización denunciante aseguran que no se trata de un error aislado, sino de una violación grave a los deberes judiciales. En su presentación afirman que el juez actuó sin pruebas concretas y que su decisión afecta la libertad de prensa, apuntando directamente contra periodistas que investigaban el caso.
El tema no tardó en escalar al plano nacional. La denuncia del Gobierno incluye acusaciones de espionaje clandestino y manipulación de audios para influir en la opinión pública. Sin embargo, los críticos del fallo sostienen que la respuesta judicial representa un peligroso precedente de censura, más aún cuando proviene del Poder Judicial.
En Salta, como en todo el país, la polémica es seguida con atención por periodistas y medios, que temen que este tipo de medidas se utilicen para frenar investigaciones sensibles. En una provincia donde no faltan los intentos de condicionar el trabajo periodístico, la resolución de Maraniello genera preocupación.
Ahora el caso queda en manos del Consejo de la Magistratura, que deberá decidir si inicia un proceso de remoción. Mientras tanto, la discusión sobre los límites entre privacidad, seguridad y libertad de prensa vuelve a instalarse con fuerza en la agenda pública.
Más allá de los nombres, lo que está en juego es el derecho de toda la sociedad a estar informada. Y eso, en tiempos de tensión política, nunca es un tema menor.
