El Gobierno nacional decidió suspender la baja de pensiones por discapacidad y detener momentáneamente la auditoría que afectaba a más de un millón de beneficiarios en todo el país. La decisión llega tras la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), salpicada por denuncias de corrupción que salieron a la luz en los últimos días.
En Salta, la noticia generó alivio y a la vez incertidumbre. Muchas familias que dependen de estas pensiones —principal o únicamente— para afrontar gastos médicos y de subsistencia, ven con preocupación la falta de definiciones concretas. Hasta ahora, el proceso de auditoría había derivado en más de 128 mil bajas en todo el país, algunas de ellas en la provincia.
Según datos oficiales, la mayoría de las suspensiones se dieron por documentación considerada irregular o duplicada. También hubo casos de renuncias voluntarias y, llamativamente, de personas fallecidas que aún figuraban como beneficiarias. La revisión, que había sido presentada como una estrategia para sanear el sistema, quedó congelada hasta que se esclarezca la situación interna del organismo.
Los audios filtrados del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se aludiría a maniobras ilícitas con la compra de medicamentos, detonaron una crisis institucional que terminó por frenar el proceso. Mientras tanto, desde el Ejecutivo aclararon que el organismo sigue operando, pero sin avanzar con nuevas citaciones ni controles presenciales.
En Salta, asociaciones de personas con discapacidad venían alertando sobre lo que calificaban como un proceso “poco transparente y desorganizado”. Muchos afectados no habían recibido notificación previa de la suspensión del beneficio y quedaron sin ingresos en plena crisis económica.
En paralelo, el Senado aprobó por mayoría una ley que declara la emergencia en discapacidad hasta 2026 y prevé actualizaciones en las pensiones no contributivas. La norma, rechazada inicialmente por el presidente Javier Milei, será judicializada por el Ejecutivo, que argumenta que perjudica el equilibrio fiscal.
También quedó descartada, por ahora, la idea de transformar la ANDIS en una dependencia directa del Ministerio de Salud. Esa reforma requeriría pasar por el Congreso, ya que el Gobierno no cuenta con facultades administrativas para avanzar por decreto.
La realidad en Salta refleja con crudeza el impacto social de la medida. Para muchas personas, la pensión por discapacidad no es un extra, sino la única fuente de ingresos. En un contexto de inflación, falta de empleo y ajuste en programas sociales, el temor a perder ese ingreso sigue latente.
Aunque se espera que la auditoría retome su curso una vez que finalice la investigación interna, no hay fechas ni definiciones claras. En el mientras tanto, miles de salteños siguen en vilo, a la espera de una política de discapacidad más justa, transparente y sensible a la realidad del interior profundo del país.
