La corrupción sistémica que marcó los gobiernos kirchneristas, liderados por Néstor Kirchner y Cristina Fernández, junto a su aliado empresarial Lázaro Báez, representa un capítulo vergonzoso en la historia argentina.
La reciente acción judicial, que incluye embargos y remates de un patrimonio descomunal acumulado por Báez, Cristina y su entorno, expone un entramado diseñado para saquear al Estado en beneficio personal, dejando al país con obras inconclusas y una economía debilitada.
El caso Vialidad, con condenas confirmadas, revela cómo Báez, un empresario sin trayectoria previa relevante, amasó una fortuna a través de empresas como Austral Construcciones, beneficiadas por el direccionamiento ilícito de obra pública durante más de una década. Según datos oficiales, a Báez se le embargaron 174 propiedades distribuidas en distintos puntos del país: 37 inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires, 4 en la provincia de Buenos Aires, 132 en Santa Cruz y una en Chubut..
Cristina Fernández de Kirchner, lejos de ser una víctima de persecución como sus seguidores sostienen, aparece como una figura central en esta red de corrupción. Las 26 propiedades embargadas en su nombre, junto a las empresas familiares como Los Sauces y Hotesur, evidencian un enriquecimiento inexplicable para quien se presentaba como defensora de los humildes. La implicación de su hija Florencia, con 6 millones de dólares en efectivo cuya procedencia no justifica, completa un cuadro de abuso de poder que trasciende generaciones.
Néstor Kirchner, aunque fallecido, no queda exento de responsabilidad. Fue bajo su gobierno que se gestó este esquema, con Báez como testaferro y Cristina como continuadora de un modelo que priorizó el enriquecimiento personal sobre el bienestar colectivo. Los 500 millones de dólares que la Justicia busca recuperar son solo una fracción del daño causado, que incluye la pérdida de confianza en las instituciones y el desvío de recursos que pudieron destinarse a salud, educación o infraestructura genuina.
La defensa kirchnerista, que alega lawfare y persecución política, se desmorona ante la contundencia de las pruebas: propiedades, dinero en efectivo y contratos amañados no mienten. La sociedad argentina, hastiada de promesas vacías, merece que estos bienes sean efectivamente devueltos al Estado y que los responsables enfrenten las consecuencias sin privilegios. La subasta de estos patrimonios robados debe ser un primer paso hacia la justicia, pero también un recordatorio de que la impunidad no puede seguir siendo la norma.
