Un buque pesquero de bandera portuguesa fue detectado en presunta actividad ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina, en un nuevo operativo de control que refuerza la vigilancia sobre el Mar Argentino. La intervención se enmarca en la política de “tolerancia cero” impulsada por las autoridades nacionales para combatir la pesca no autorizada en aguas jurisdiccionales.
Según informaron fuentes oficiales, la embarcación —identificada como un arrastrero— presentaba patrones de navegación compatibles con tareas de pesca. La detección se logró a partir del Sistema Guardacostas, una plataforma tecnológica que integra datos satelitales, radares y seguimiento del tráfico marítimo, lo que permite identificar comportamientos sospechosos sin necesidad de un abordaje directo.
El análisis técnico determinó que el buque navegó a una velocidad promedio de 4,9 nudos dentro del área protegida, un indicador típico de operaciones de arrastre. Este tipo de maniobra está contemplada como presunta infracción a la normativa vigente, en particular a la Ley Federal de Pesca, que regula la actividad en aguas nacionales y establece sanciones para quienes operen sin autorización.
El ingreso del pesquero se habría producido tras zarpar desde un puerto uruguayo a fines de febrero. Días después, comenzó a desplazarse en una zona cercana al litoral patagónico, donde permaneció realizando movimientos compatibles con la captura de recursos marítimos.
El caso se suma a una serie de detecciones registradas en los últimos meses, en un contexto de mayor control y endurecimiento de las normas. A partir de la actualización del marco regulatorio, vigente desde comienzos de 2026, se habilitó el uso de evidencia digital y satelital como prueba suficiente para iniciar sanciones, lo que permitió acelerar los procedimientos y ampliar la capacidad de fiscalización.
Entre los antecedentes recientes figura la identificación de embarcaciones extranjeras que operaban bajo distintas banderas, incluyendo casos vinculados a flotas asiáticas y europeas. En algunos episodios, las irregularidades derivaron en multas millonarias y sanciones administrativas que incluso obligaron a los buques a cambiar de registro internacional.
Las autoridades remarcan que este tipo de controles busca proteger los recursos pesqueros y garantizar condiciones equitativas para la flota nacional. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada representa una amenaza tanto para la sostenibilidad ambiental como para la economía del sector, ya que impacta directamente en la disponibilidad de especies y en la competitividad de la industria.
En paralelo, crece el reclamo de distintos sectores para mejorar la transparencia en la actividad. Organizaciones vinculadas al ámbito ambiental y productivo impulsan la creación de un registro público de embarcaciones habilitadas y permisos de pesca, con el objetivo de facilitar el control ciudadano y fortalecer la rendición de cuentas.
Actualmente, si bien los datos son recopilados por organismos oficiales, no se encuentran disponibles de forma abierta y accesible. Esta situación, advierten especialistas, limita el seguimiento independiente y dificulta la detección de posibles irregularidades en el otorgamiento de permisos o en la operatoria del sector.
Por otro lado, también se mantiene la preocupación por la actividad en el límite de la milla 200, donde operan numerosas flotas extranjeras fuera de la jurisdicción nacional pero con fuerte impacto sobre los recursos. La concentración de buques en esa zona, especialmente durante la temporada de calamar, genera presión sobre las especies que luego migran hacia aguas argentinas.
En este escenario, el fortalecimiento de los controles y la incorporación de tecnología aparecen como herramientas clave para enfrentar una problemática que combina intereses económicos, regulación internacional y preservación ambiental. Mientras tanto, cada nueva detección vuelve a poner en foco la necesidad de sostener una vigilancia constante sobre uno de los recursos estratégicos del país.
