El escándalo por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ya trascendió las fronteras del país y pone al gobierno de Javier Milei en el centro de la escena internacional. Las primeras filtraciones de audios que involucran presuntas maniobras irregulares generaron un fuerte revuelo político en Buenos Aires, pero en las últimas horas el tema comenzó a ser replicado por medios de peso en Estados Unidos, Europa y América Latina, que coinciden en advertir sobre el posible impacto institucional que este caso podría tener para el oficialismo.
El foco de las acusaciones está puesto sobre un esquema de retornos en licitaciones y compras vinculadas a medicamentos e insumos, que habrían involucrado a funcionarios de alto rango. La situación se agravó cuando aparecieron nombres cercanos al Presidente, en especial el de su hermana Karina Milei, actual secretaria general de la Presidencia, que habría sido mencionada en comunicaciones internas y documentos que hoy forman parte de la investigación judicial.
El caso ya motivó medidas concretas por parte de la Justicia federal, como la prohibición de salida del país para un exfuncionario clave de la ANDIS y el secuestro de teléfonos y computadoras. Aunque desde el gobierno mantienen el silencio y evitan pronunciamientos públicos, las señales de preocupación son evidentes.
La prensa internacional no tardó en reaccionar. En Estados Unidos, portales como Bloomberg y el Washington Post analizaron el tema en términos políticos, señalando que el escándalo podría erosionar el capital simbólico del gobierno libertario, que llegó al poder con un discurso de ruptura frente a la “casta”. En Europa, medios como El País y El Mundo también abordaron el caso, mientras que en la región se hicieron eco importantes portales de Brasil, Uruguay y Chile.
La ANDIS tiene una presencia importante en todo el país a través de programas de asistencia directa, pensiones no contributivas y convenios con municipios y organizaciones sociales. Cualquier sacudida en su funcionamiento genera preocupación, sobre todo en un contexto de ajuste económico, pérdida de recursos y mayor demanda de ayuda social.
Distintas asociaciones que trabajan con personas con discapacidad ya comenzaron a expresar su malestar ante la falta de información oficial y temen que el escándalo complique aún más la llegada de fondos o paralice trámites esenciales. A esto se suma la incertidumbre por los recortes que vienen aplicándose desde principios de año en distintas áreas del Estado.
A nivel político, el caso impacta en uno de los pilares del relato libertario: la supuesta pureza moral frente a la corrupción de gestiones anteriores. Para Milei, que basa su liderazgo en una imagen de honestidad férrea y de combate al Estado ineficiente, esta situación representa un serio desafío. No sólo por lo que se investiga, sino por el riesgo de que se confirme la participación o el conocimiento previo de integrantes clave de su equipo.
Aunque todavía no hay imputaciones contra Karina Milei ni otros funcionarios del entorno presidencial, la cercanía de los involucrados y la gravedad de las acusaciones hacen que el caso se mantenga en la agenda pública y mediática. La evolución de la causa judicial será determinante, pero todo indica que no será un tema fácil de cerrar para el oficialismo.
Lo cierto es que el escándalo de la ANDIS llegó en un momento delicado para el gobierno, que ya enfrenta tensiones sociales, conflictos con gobernadores y dificultades para sostener su programa económico. La presión desde afuera, con el mundo mirando, y desde adentro, con sectores que exigen respuestas claras, podría obligar a un giro en la estrategia comunicacional.
Por ahora, la apuesta parece ser el silencio. Pero con una Justicia que avanza y una prensa global que no quita los ojos de Argentina, esa estrategia podría no alcanzar. El caso no solo pone a prueba al gobierno libertario, sino también a la credibilidad de quienes llegaron al poder prometiendo limpiar la política.
