El Gobierno nacional analiza una reforma laboral que incluiría la implementación del llamado “banco de horas”, una modalidad que permitiría ampliar la jornada de trabajo hasta 13 horas en determinados períodos y compensar luego con días libres o pagos menores al recargo habitual por horas extras.
La propuesta, inspirada en un sistema recientemente aprobado en Grecia, apunta a flexibilizar la organización del trabajo y adaptar los horarios a los ciclos de producción de cada empresa. Según lo explicado por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, el esquema permitiría combinar jornadas prolongadas con descansos compensatorios, siempre bajo el concepto de una “jornada elástica”.
De concretarse, las horas extras dejarían de ser voluntarias y pasarían a formar parte del régimen laboral regular. En momentos de mayor demanda, las empresas podrían requerir jornadas más extensas, mientras que en los períodos de menor actividad se otorgarían jornadas reducidas o días libres.
Otro eje central de la reforma sería permitir que los acuerdos por empresa tengan prioridad sobre los convenios colectivos sectoriales, lo que abriría la puerta a negociaciones más específicas según las necesidades de cada compañía. Esta medida, celebrada por sectores empresariales, genera inquietud entre los gremios por el posible debilitamiento de las condiciones de trabajo.
El Gobierno también evalúa eliminar la “ultraactividad” de los convenios, una figura que mantiene vigente un acuerdo laboral vencido hasta que se firme uno nuevo. Con el cambio, si no hubiera renovación en el plazo fijado, el convenio caducaría y los empleados quedarían bajo la legislación general.
En la práctica, el “banco de horas” significaría una modificación profunda del actual régimen de 8 horas diarias o 48 semanales. El sistema permitiría reorganizar los tiempos laborales en función de la producción, algo que podría beneficiar a sectores con picos de actividad estacional, como el agro o la industria.
En Salta, donde muchas actividades económicas dependen de los ciclos de la zafra o de la cosecha, la medida podría tener un impacto particular. Las empresas verían mayor flexibilidad para organizar su personal, pero los sindicatos advierten que la iniciativa podría traducirse en una sobrecarga laboral y en pérdida de poder adquisitivo.
La reforma laboral forma parte de un paquete más amplio de cambios estructurales que el Ejecutivo planea impulsar. Luego de avanzar en este eje, el Gobierno prevé una reforma previsional que revisará la edad jubilatoria, el cálculo de haberes y algunos regímenes especiales, como el de los docentes nacionales.
Mientras tanto, los equipos técnicos del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo continúan ajustando los detalles de la propuesta, que podría ser enviada al Congreso antes de fin de año. El debate promete tensiones: el oficialismo defiende la necesidad de modernizar el mercado laboral, mientras los gremios se preparan para resistir lo que consideran un retroceso en derechos.
