![[Escándalo] Jueza riojana denunciada por coimera: pidió $8 millones para agilizar el expediente de una sucesión](https://www.agendasalta.com.ar/public/images/noticias/thumbs/33292-escandalo-jueza-riojana-denunciada-por-coimera-pidio-8-millones-para-agilizar-el-expediente-de-una-sucesion.webp)
El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli aceptó la oferta de 1,6 millones de pesos del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y de 1,4 millones de pesos de la primera dama, Fabiola Yáñez, para dar por cerrada la causa judicial por el escándalo del festejo que hubo en Olivos en plena pandemia a mediados de 2020.
El magistrado decidió "homologar" el acuerdo propuesto entre los imputados y la fiscalía a cargo de Fernando Domínguez, y ambos deberán pagar en un plazo no mayor a los diez días. El destino de los fondos será la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán" (A.N.L.I.S.).
La foto se filtró el año pasado e inicialmente el mandatario dijo que "no existió delito" porque ese encuentro no generó contagios de coronavirus. La causa tramitó inicialmente en Comodoro Py y luego pasó por jurisdicción a San Isidro, donde se disputaban la competencia del caso el juez Mirabelli y la jueza Sandra Arroyo Salgado.
El caso quedó en poder de Mirabelli, que ahora homologa ambos acuerdos que la fiscalía llegó con el Presidente y Fabiola Yáñez. Cuando se hizo el festejo imperaba el decreto 576/2020 que impedía ese tipo de reuniones y mantenía el confinamiento preventivo y obligatorio.
"La participación en un evento como el investigado no sería un acto de la función, aunque un funcionario pueda ejercer su ocupación en cualquier momento, como tampoco lo sería -sin perjuicio del diverso disvalor de los hechos en razón del especial contexto- que un servidor público defraudara a un amigo que le prestó un bien con cargo de devolución, o lesionara levemente a un contrincante luego de un encuentro deportivo, aun cuando esa situación haya tenido lugar en el ámbito de una residencia oficial", concluyó.
Por último, despejó cualquier duda sobre ambos acuerdos: "La función del juez se define por la imparcialidad, lo cual le impone decidir conforme a Constitución Nacional y las leyes prescindiendo de cualquier consideración pública, política o personal -externa o interna- ajena al caso. Y es en ese marco de actuación que, reitero, no se observan razones legales que impidan la aplicación del mecanismo propuesto".
