En una jornada cargada de tensiones y maniobras políticas, la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado avanzó esta tarde con un dictamen que ratifica la versión original de la ley que limita los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Lo llamativo fue la firma en disidencia del kirchnerismo, que sorprendió incluso a sus propios colegas y generó sospechas sobre posibles negociaciones con el Gobierno nacional.
El conflicto se centra en la versión de la ley aprobada por el Senado en septiembre, que luego fue modificada por Diputados en uno de sus artículos más controversiales. Mientras la oposición, compuesta por radicales y peronistas disidentes, buscaba reafirmar el texto original, el Frente de Todos se inclinó por la prudencia, apoyando los cambios impulsados en la Cámara baja. La sorpresa vino de la senadora riojana Florencia López, quien firmó en disidencia pero aclaró que su bloque prefería mantener la versión de Diputados, advirtiendo que insistir con el mismo texto podía derivar en un eventual veto del Ejecutivo y un trámite legal que haría que la ley “durara poco”.
El gesto de López generó incertidumbre entre los senadores más críticos con el Gobierno. La presidenta de la comisión, Alejandra Vigo, junto con Eduardo Vischi, jefe del bloque de la UCR, no ocultaron su desconcierto ante la maniobra, catalogándola como “extraña”. Algunos analistas locales interpretan la jugada como un intento de abrir una ventana de diálogo con la Casa Rosada, mientras que otros la ven como una estrategia para mantener el control sobre el debate legislativo, especialmente considerando las reuniones recientes de varios gobernadores con el Ejecutivo nacional.
En términos prácticos, la ley busca acotar los DNU, estableciendo que estos deben ser aprobados dentro de un plazo de 90 días por ambas cámaras, con mayoría absoluta. Actualmente, los decretos continúan vigentes si ninguna de las cámaras los rechaza, sin límite de tiempo. Además, cada DNU deberá estar enfocado en un área específica, evitando la acumulación de temas diversos en un solo decreto. Esta medida, según la oposición, responde a los excesos observados durante la gestión de Javier Milei, que multiplicó la utilización de DNU en poco tiempo.
El debate también tiene un fuerte componente histórico: la norma original fue impulsada por Cristina Kirchner como senadora en 2006 y ha sido utilizada por todas las administraciones desde entonces. La iniciativa actual representa un intento de modernizar la herramienta legislativa y garantizar que los decretos no se conviertan en instrumentos de gobierno sin control parlamentario.
En Diputados, la modificación que proponía limitar los DNU a 90 días no logró la mayoría absoluta, lo que dejó abierta la posibilidad de que el Senado reafirme su versión original. Esta dinámica ha llevado a los exdialoguistas del peronismo a apostar por insistir con el texto aprobado en la Cámara alta, mientras el Frente de Todos mantiene su postura más cauta, priorizando la reforma aprobada por la Cámara baja.
De cara al recinto, la situación se mantiene tensa. Para ratificar la versión inicial del Senado se necesitaría nuevamente el voto de dos tercios de la Cámara, algo prácticamente imposible sin el apoyo del Frente de Todos. Por eso, muchos analistas políticos de Salta y el resto del país coinciden en que la resolución final podría implicar nuevas negociaciones y ajustes en los próximos días.
El giro del kirchnerismo en el Senado no solo impacta en el debate sobre los DNU, sino que también tiene implicancias en la relación entre los distintos bloques legislativos y el Ejecutivo nacional. La política argentina, y en particular la salteña, sigue de cerca estos movimientos, conscientes de que cualquier cambio en la ley puede repercutir en la gestión provincial y en la planificación de políticas públicas locales.
En definitiva, la firma en disidencia de la senadora López marca un antes y un después en la discusión sobre los DNU. Mientras la oposición se mantiene firme en ratificar la versión original, el Frente de Todos y algunos legisladores peronistas muestran cautela, evaluando cómo balancear la legislación nacional con la estrategia política y las futuras negociaciones con la Casa Rosada.
En Salta, el tema genera especial interés por el impacto que podría tener en la autonomía provincial y en la relación con el Ejecutivo nacional, ya que cualquier ajuste a los DNU repercute en la distribución de competencias y recursos. Los analistas locales destacan que la dinámica legislativa actual refleja, una vez más, la complejidad del sistema político argentino y la necesidad de diálogo entre bloques para evitar bloqueos y conflictos institucionales que retrasen la aplicación de políticas públicas.
El cronograma de tratamiento en el recinto aún no está definido, y la expectativa está puesta en las próximas semanas. Por ahora, lo que quedó en evidencia es la capacidad de maniobra del kirchnerismo para influir en el debate, incluso en decisiones que parecían destinadas a la oposición más dura. La atención de todo el país, incluida Salta, seguirá de cerca los próximos movimientos, que podrían definir no solo la suerte de la ley, sino también la relación de fuerza entre bloques en el Senado y su impacto en la política nacional.
