La decisión fue contundente y no dejó margen para interpretaciones: una agente de la Policía fue exonerada de manera definitiva luego de que se viralizaran en redes sociales videos de alto contenido sexual en los que aparecía usando el uniforme oficial de la fuerza. La sanción, formalizada a través de una orden institucional, se fundamentó en la violación de principios básicos de ética, decoro y responsabilidad que se les exige a quienes integran organismos de seguridad del Estado.
La ahora exoficial, identificada como Nicole Gabriela Verón, llevaba alrededor de tres años de servicio cuando estalló el escándalo. En distintas plataformas digitales comenzaron a circular videos donde se la veía realizando performances sugestivas, con poses e insinuaciones explícitas, siempre vestida con prendas reglamentarias. En algunas grabaciones también aparecía otra mujer, cuya pertenencia o no a la fuerza nunca fue confirmada.
Desde la conducción policial se consideró que el uso del uniforme en ese tipo de contenidos constituye una falta grave, no solo por el carácter sexual de las imágenes sino porque implica una apropiación indebida de símbolos del Estado. Según se argumentó, ese accionar afecta de manera directa la imagen institucional y erosiona la confianza pública, un capital sensible para cualquier fuerza de seguridad, más aún en un contexto social marcado por la demanda de mayor transparencia y profesionalismo.
La medida disciplinaria no fue inmediata. Tras la viralización de los videos, Verón había sido apartada del servicio activo y pasada a situación pasiva mientras se desarrollaba la investigación administrativa. Finalmente, el sumario concluyó con la sanción más severa prevista: la exoneración. En el texto oficial se remarcó que la conducta observada “repugna la ética y el decoro” que deben guiar el accionar de todo funcionario público y que contradice los valores esenciales de la vocación policial.
Las imágenes analizadas mostraban escenas grabadas en un ambiente recreativo, con dos mujeres jugando al pool, sin identificación visible que permitiera individualizarlas como personal policial, pero sí con el uniforme completo. La actitud insinuante, las consignas dirigidas a quienes miraban los videos y la invitación explícita a interactuar fueron consideradas agravantes. Para las autoridades, no se trató de un error aislado sino de una conducta sostenida en el tiempo.
El caso tuvo una rápida repercusión en todo el país, incluido el norte argentino. En provincias como Salta, donde las fuerzas de seguridad cumplen un rol central no solo en las ciudades sino también en zonas rurales y de frontera, la noticia abrió debates internos y externos. La discusión no se limitó al contenido sexual, sino que abarcó cuestiones más amplias: el uso de redes sociales por parte de agentes estatales, los límites de la vida privada y la necesidad de actualizar normativas frente a un escenario digital en permanente cambio.
Desde el ámbito institucional se aclaró que la sanción no apunta a cercenar la libertad de expresión ni a juzgar actividades privadas realizadas fuera del horario laboral, sino a preservar el orden público y el respeto por las normas que regulan la función policial. El uniforme, remarcaron, no es una prenda más: representa autoridad, responsabilidad y la presencia del Estado. Su utilización con fines ajenos al servicio, y más aún en contextos sexuales, es considerada inadmisible.
Por su parte, Verón dio a conocer su versión de los hechos. Sostuvo que el contenido que producía era parte de un trabajo independiente y que las personas que aparecían con ella también generaban material por cuenta propia. Aseguró que nunca fue notificada por denuncias formales previas y planteó que existen otros efectivos que mantienen actividades paralelas fuera de la institución. “No soy la única con un segundo trabajo”, expresó, al tiempo que cuestionó lo que consideró un trato desigual.
La exagente también hizo referencia a su situación personal, atravesada por problemas de salud y conflictos familiares. Relató que durante los últimos meses estuvo internada y bajo tratamiento neurológico, y que en ese período sufrió episodios de hostigamiento y acoso sexual por parte de su expareja. Según explicó, si bien recibió el alta psiquiátrica, aún continúa con controles médicos. Estos elementos fueron incorporados a su descargo, aunque no modificaron el criterio adoptado por la fuerza.
El caso vuelve a poner en primer plano un dilema que atraviesa a muchas instituciones públicas en la Argentina: cómo compatibilizar derechos individuales con las exigencias de una función que, por su naturaleza, impone estándares más altos de conducta. En Salta, donde la Policía cumple tareas clave en la prevención del delito, el control del narcotráfico y la asistencia en situaciones de emergencia, la imagen institucional es un factor sensible para la relación con la comunidad.
Especialistas en seguridad consultados en ámbitos locales suelen coincidir en que las redes sociales representan un desafío permanente. La exposición constante, la búsqueda de visibilidad y la monetización de contenidos generan zonas grises que las reglamentaciones tradicionales no siempre contemplan. Sin embargo, también advierten que el uso del uniforme y de símbolos oficiales marca un límite claro, difícil de relativizar.
Mientras el debate continúa, la exoneración de Verón sienta un precedente fuerte. Marca una línea dura respecto al uso indebido de la imagen policial y deja en claro que las sanciones pueden llegar hasta la expulsión definitiva, incluso en un contexto donde las redes sociales forman parte de la vida cotidiana. Para las fuerzas de seguridad de todo el país, incluida la Policía de Salta, el mensaje es claro: la conducta en el espacio digital también forma parte del servicio y puede tener consecuencias concretas.
Más allá del caso puntual, la situación interpela a la sociedad en su conjunto. ¿Dónde termina la vida privada de un funcionario y dónde empieza su responsabilidad pública? ¿Cómo se regulan prácticas nuevas con normas pensadas para otra época? Preguntas que, por ahora, no tienen respuestas sencillas, pero que seguirán apareciendo cada vez que un video viral vuelva a poner en jaque a una institución.
