La reunión ocurrió el 14 de enero de 2025, en el edificio central de la ANMAT, en Buenos Aires. Fue breve, duró apenas 42 minutos, pero su impacto se volvió central en una de las causas sanitarias más graves de los últimos años. Allí, Agustina Bisio —titular de la ANMAT— y Gabriela Mantecón Fumadó —entonces jefa del INAME— recibieron a Ariel García, dueño de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma Group, las dos firmas vinculadas a la elaboración del fentanilo contaminado que provocó la muerte de 96 personas.
El encuentro no figuró en los registros oficiales y recién salió a la luz tras una serie de allanamientos ordenados por el juez federal Ernesto Kreplak. En la causa, García y otros directivos están imputados, algunos ya detenidos. Las funcionarias, en cambio, declararon como testigos.
Para ese momento, el laboratorio de García ya estaba bajo observación. Desde fines de noviembre de 2024, inspectores del INAME habían detectado fallas graves en sus procesos de calidad, documentación y control de producción. El acta de inspección fue firmada el 5 de diciembre. Sin embargo, la clausura oficial del laboratorio se concretó recién el 10 de febrero, casi dos meses después. En ese lapso, el 18 de diciembre, se elaboró el lote 31202 de fentanilo contaminado con bacterias, hoy bajo peritaje judicial.
Bisio reconoció la reunión en una declaración posterior, donde afirmó que fue convocada por Mantecón Fumadó, quien le habría pedido su presencia "para mantener el orden", ya que los empresarios eran "personas complicadas". Según su versión, se mantuvo en silencio durante el intercambio y solo firmó la carta de clausura a pedido de su colega, quien —dijo— temía represalias.
Mantecón Fumadó, funcionaria de carrera, fue desplazada de su cargo el 21 de agosto, luego de que se filtrara un informe del INAME que documentaba irregularidades reiteradas por parte de los laboratorios. A pesar de contar con pruebas contundentes desde marzo, no se iniciaron expedientes ni se elevaron informes a la ANMAT.
La falta de reacción institucional es hoy objeto de una investigación que intenta determinar si hubo omisión, negligencia o encubrimiento. El juez Kreplak busca esclarecer por qué, pese a las advertencias, se permitió que el laboratorio siguiera operando.
En Salta, el caso encendió las alarmas. Aunque el lote fatal no llegó a la provincia, el Ministerio de Salud local reforzó controles en hospitales, farmacias y droguerías. También se solicitó mayor trazabilidad y participación provincial en la fiscalización de medicamentos.
El escándalo del fentanilo dejó al descubierto fallas estructurales en el sistema sanitario nacional. Y una reunión breve, no registrada y hasta ahora ignorada, se convirtió en la clave para entender cómo se gestó una tragedia que pudo haberse evitado.
