La causa que investiga posibles irregularidades dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entró esta semana en su etapa más decisiva. Tras meses de secreto de sumario, el juez federal Sebastián Casanello abrió un cronograma intenso de indagatorias con el objetivo de desentrañar si funcionó un entramado de sobornos, sobreprecios y maniobras de blanqueo en un organismo que administra fondos esenciales para prestaciones vinculadas a la discapacidad en todo el país.
El expediente, uno de los más sensibles del ámbito social, apunta a un supuesto circuito que habría operado entre julio de 2024 y agosto de 2025. Según la investigación, ese esquema habría generado contrataciones con sobreprecios superiores a los 43 mil millones de pesos. En el centro de la escena aparecen exfuncionarios, empresarios del rubro farmacéutico, prestadores médicos y operadores informáticos que, al menos según la hipótesis fiscal, habrían tenido roles complementarios dentro de una estructura destinada a manipular contrataciones públicas.
Primeras declaraciones y una figura bajo la lupa
El primero en declarar fue el empresario Miguel Ángel Calvete, quien se presentó en Comodoro Py para responder por su presunta participación en la operatoria investigada. Su nombre aparece vinculado tanto a prestadores médicos como a droguerías que, según la causa, formaban parte del circuito irregular. Calvete está señalado como uno de los engranajes centrales del entramado, y sus vínculos profesionales y personales serán eje de análisis en esta fase.
Para la jornada siguiente quedó convocado Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS, considerado por los investigadores como el presunto jefe del esquema. Spagnuolo es, hasta ahora, uno de los imputados más comprometidos, ya que su rol como máxima autoridad habría facilitado el direccionamiento de compras y la manipulación de precios a través del sistema informático SIIPFIS, una plataforma que, aunque diseñada para supervisar procesos administrativos, habría sido utilizada para modificar datos sin dejar rastro.
El cronograma dispuesto por Casanello abarca a 15 personas e incluye a exautoridades, técnicos y empresarios. La serie de indagatorias se extenderá hasta el 5 de diciembre y busca ordenar la información recolectada durante los meses de investigación reservada.
Un arresto que aceleró el movimiento de la causa
Uno de los hechos que marcó el ritmo de estas jornadas fue la detención de Pablo Atachabahian, urólogo y exfuncionario de la Agencia, quien se negó a declarar y quedó bajo prisión domiciliaria. Su nombre aparece en chats, correos internos y documentos técnicos que la fiscalía considera fundamentales. Para los investigadores, Atachabahian habría tenido un rol clave en la manipulación del sistema informático que daba soporte a las contrataciones.
En paralelo, otros exfuncionarios quedaron en la mira: Daniel María Garbellini, exnúmero dos de la ANDIS; Eduardo Nelio González, quien ocupaba la Dirección Nacional de Apoyo; y Lorena Di Giorno, del área de Prestaciones e Insumos de Alto Costo. Sus declaraciones serán decisivas para reconstruir cómo operaba internamente el supuesto circuito de decisiones y autorizaciones.
También se investiga la actuación de operadores externos. Entre ellos figura Luciana Ferrari, empleada de un laboratorio privado, acusada de intervenir en gestiones técnicas a pedido de Atachabahian, una participación considerada irregular por los investigadores.
Empresas, vínculos personales y movimientos financieros
La trama se amplía al analizar la relación entre la ANDIS y las droguerías New Farma y Floresta, cuyos presidentes —Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta— mantienen una relación de pareja. Según la fiscalía, estas firmas habrían sido parte de un engranaje diseñado para direccionar compras y mover dinero mediante mecanismos que incluían cheques, transferencias y remisiones de efectivo.
En la misma línea aparece Patricio Gustavo Rama, director suplente de New Farma, señalado por sus vínculos comerciales y personales con Calvete y Atachabahian. El expediente también menciona a Guadalupe Ariana Muñoz, pareja de Calvete, acusada de participar en el traslado de dinero; y a Sergio Daniel Mastropietro y Alan Pocoví, quienes habrían movido fondos de origen ilícito utilizando empresas vinculadas al transporte aéreo privado.
Una renuncia que sacudió al Ministerio de Economía
Mientras avanzaban las citaciones, una noticia inesperada sumó tensión política: la renuncia de Ornella Calvete, hija del empresario imputado y hasta este martes funcionaria del Ministerio de Economía. Calvete ocupaba el cargo de directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial y representaba al Gobierno en la Comisión del Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego.
Su salida se dio en un contexto delicado, luego de que se conociera que mantenía comunicaciones directas con su padre, uno de los acusados centrales en la causa. Aunque oficialmente se atribuyó la renuncia a “motivos personales”, en ámbitos gubernamentales la lectura fue distinta: la decisión habría buscado evitar que la presencia de la funcionaria en un cargo estratégico generara mayor exposición política al Ejecutivo en medio de una investigación que recién comienza a desplegar su volumen real.
Qué intenta reconstruir la Justicia
El fiscal Franco Picardi continúa trabajando en el análisis de evidencia económica, digital y documental para establecer si existió un “sistema articulado” dentro de la ANDIS destinado a direccionar compras públicas. Según la fiscalía, varias empresas del sector farmacéutico —entre ellas Profarma, Génesis, New Farma y Floresta— habrían cumplido roles específicos dentro del mecanismo.
Uno de los puntos más sensibles gira en torno al sistema informático SIIPFIS. Para los investigadores, esta plataforma habría funcionado como una fachada de transparencia que permitía alterar precios, proveedores y órdenes de compra sin dejar huellas claras. La Justicia sostiene que este sistema habría sido manipulado por un grupo reducido de personas con acceso técnico privilegiado.
La causa detalla cómo se habrían movilizado los fondos: desde transferencias bancarias y emisión de cheques hasta retiros en efectivo, remisiones de dinero y operaciones con empresas de aviación privada. Este seguimiento económico será clave para determinar el alcance de la defraudación con recursos destinados a prestaciones esenciales.
Lo que se espera en las próximas semanas
Con las indagatorias en marcha, la Justicia se prepara para tomar decisiones que podrían modificar el rumbo del expediente. Una vez que todos los imputados hayan declarado —o decidido guardar silencio—, se prevé una nueva batería de medidas, entre ellas peritajes informáticos ampliados, cruces contables y análisis de flujos financieros.
La investigación aún tiene márgenes amplios por explorar, y el peso político de las imputaciones crece a medida que avanzan las audiencias. La renuncia de una funcionaria del Ministerio de Economía y el involucramiento de exautoridades nacionales marcaron un punto de inflexión en un expediente que, por su impacto institucional y por la magnitud de los fondos públicos en juego, promete seguir ocupando la agenda durante las próximas semanas.
La causa se mueve, y rápido. Y mientras las declaraciones se suceden en Comodoro Py, queda abierta la pregunta que guiará los próximos pasos de la Justicia: hasta dónde llegaba realmente el entramado que hoy se investiga.
