José Francisco López, exsecretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo, deberá cumplir una pena unificada de 13 años de prisión por delitos de corrupción. Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal N°2, que fusionó dos condenas firmes: una por su participación en la causa Vialidad y otra por enriquecimiento ilícito, derivada del escandaloso episodio en el que intentó esconder bolsos con millones de dólares en un convento.
La defensa del exfuncionario había solicitado que las penas fueran contempladas en conjunto, planteando una “mirada integral” sobre su situación penal. Sin embargo, los jueces rechazaron aplicar un criterio más benévolo y argumentaron que, por la gravedad institucional de los hechos, la pena debía mantenerse en un nivel alto para reflejar el daño causado.
En concreto, el tribunal sostuvo que López cometió actos de corrupción graves desde un lugar de poder, aprovechando su posición en el Estado para desviar fondos públicos y beneficiarse de manera personal. Además, remarcaron que se valió de distintos mecanismos para ocultar sus maniobras, lo que demuestra una planificación consciente.
Uno de los momentos más recordados del caso ocurrió en 2016, cuando López fue detenido tras arrojar bolsos con casi 9 millones de dólares por encima de la reja de un convento en General Rodríguez. Aquella madrugada marcó el inicio de su caída pública y judicial, y desde entonces se convirtió en uno de los rostros más emblemáticos de la corrupción durante los gobiernos anteriores.
En paralelo a la unificación de penas, el tribunal también le denegó el beneficio de la prisión domiciliaria, al considerar que no existen motivos médicos suficientes para justificar su traslado a un domicilio particular. La defensa había argumentado que López sufre problemas psiquiátricos y que además colabora como testigo arrepentido en la causa Cuadernos. Sin embargo, un informe médico determinó que su salud puede ser tratada dentro del sistema penitenciario sin inconvenientes.
Actualmente, López permanece alojado en una unidad del Servicio Penitenciario Federal, tras haberse entregado voluntariamente en Comodoro Py luego de que la Corte Suprema ratificara su condena. Había ofrecido un domicilio en Río Gallegos para cumplir una posible detención domiciliaria, pero esa alternativa quedó descartada con el nuevo fallo.
En provincias como Salta, donde la ejecución de la obra pública está íntimamente ligada a la llegada de fondos nacionales, este tipo de casos resuena con fuerza. La figura de López simboliza los desvíos que tantas veces perjudican al desarrollo local: rutas inconclusas, escuelas que no se terminan o centros de salud que no avanzan.
La condena no solo marca un cierre para su situación legal, sino que también envía un mensaje sobre la necesidad de transparencia en la gestión pública. La Justicia consideró que la pena debe tener un carácter ejemplificador, sobre todo cuando los delitos provienen desde las más altas esferas del poder.
Con este fallo, José López queda como uno de los pocos exfuncionarios de alto rango con una condena firme y efectiva por corrupción. Y aunque su defensa podría intentar nuevas estrategias legales, por el momento el escenario es claro: deberá cumplir los 13 años de prisión detrás de las rejas.
