La jugada, liderada por el equipo legal del estudio norteamericano Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, busca frenar la ejecución del fallo que obliga a la Argentina a pagar una indemnización multimillonaria y transferir el 51% de las acciones de la petrolera a fondos demandantes.
La apelación del Gobierno argentino
La apelación fue presentada oficialmente en las últimas horas, sin esperar la resolución de la jueza Preska sobre el pedido de suspensión (“stay”), mediante el cual la defensa argentina había solicitado frenar la ejecución de la sentencia mientras avanza el proceso de revisión del caso.
En la presentación, el estudio que representa al Estado nacional enfatizó que una transferencia de las acciones requeriría la aprobación del Congreso argentino, ya que se trata de un bien estratégico de dominio público. La defensa también cuestionó la interpretación del tribunal sobre una serie de declaraciones del entonces ministro Axel Kicillof durante la expropiación en 2012, utilizadas como argumento por los fondos demandantes Petersen/Eton y Bainbridge.
Qué había resuelto la jueza Preska
El 30 de junio, la magistrada del distrito sur de Nueva York falló a favor de los fondos buitre que demandan a la Argentina por el proceso de nacionalización de YPF. En el fallo, la jueza determinó que el país debía pagar una indemnización que podría alcanzar los USD 16.099 millones y que debía transferir el 51% de las acciones de YPF en manos estatales.
Frente a este panorama, el equipo legal argentino había pedido una suspensión de la ejecución del fallo, considerando las consecuencias económicas, legales y políticas que tendría su cumplimiento inmediato.
La estrategia judicial: adelantarse para no perder margen
La apelación fue presentada sin esperar la respuesta de Preska sobre el pedido de suspensión. Esta maniobra busca, según fuentes legales cercanas al caso, mantener margen de acción y evitar un escenario en el que el fallo quede firme sin haber agotado las instancias procesales disponibles.
De ser rechazada la suspensión, el fallo podría entrar en vigencia de inmediato, lo cual implicaría una presión directa sobre los activos del Estado argentino en el exterior y abriría la puerta a embargos o medidas cautelares por parte de los fondos demandantes.
