El Congreso Nacional se prepara para una semana cargada de tensión política con dos frentes de conflicto que golpean al corazón del Gobierno: las investigaciones por el caso de la criptomoneda Libra y las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En el centro de ambas causas aparece Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, cuya presencia es reclamada por varias comisiones legislativas.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y la que investiga el caso Libra insisten en que la funcionaria debe presentarse para dar explicaciones sobre su presunto vínculo con empresarios extranjeros promotores del token digital. Aunque fue citada para este martes, desde el oficialismo justificaron su ausencia alegando que se encuentra en una gira presidencial por Estados Unidos. Sin embargo, ya se fijó una nueva fecha para el 30 de septiembre y se espera una definición concreta.
El enojo opositor también apunta a la falta de respuestas del propio Presidente, quien debía responder un cuestionario con preguntas clave sobre el vínculo con los creadores de Libra. Tampoco llegaron los informes solicitados a la Oficina Anticorrupción ni a la Unidad Técnica de la criptomoneda. Para los legisladores, esto demuestra una actitud de encubrimiento y falta de transparencia por parte del Gobierno.
En paralelo, otra comisión avanzará con pedidos de interpelación a Karina Milei, al jefe de Gabinete Guillermo Francos y al ministro de Salud Mario Lugones, en el marco de una causa por presuntas coimas en la ANDIS. Las sospechas surgieron a partir de audios filtrados que involucran a su exdirector, Diego Spagnuolo, donde se mencionan supuestos pagos ilegales por parte de laboratorios para obtener contratos con el Estado.
Este nuevo escándalo inquieta especialmente a las provincias, como Salta, donde muchas familias dependen de los servicios y medicamentos que brinda el Estado para personas con discapacidad. Dirigentes locales siguen con atención lo que ocurre en Buenos Aires, preocupados por el impacto que pueda tener esta situación en los programas sociales y sanitarios del norte argentino.
Las comisiones ya citaron a varios funcionarios clave: Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción; María Florencia Zicavo, jefa de Gabinete de Justicia; Paul Starc, de la Unidad de Información Financiera; y Roberto Silva, de la Comisión Nacional de Valores. Algunos de ellos ya se habían ausentado en citaciones previas, lo que alimenta aún más las sospechas.
La oposición insiste en que el Congreso tiene el deber de controlar y exigir respuestas. Y advierte que, si los funcionarios no se presentan voluntariamente, podrían ser obligados a concurrir por la vía legal. Mientras tanto, el oficialismo intenta ganar tiempo y minimizar el conflicto, pero cada semana que pasa sin respuestas lo deja más expuesto.
Desde Salta y otras provincias del interior, se observa con preocupación cómo se maneja esta crisis institucional. No se trata solo de nombres propios o peleas partidarias, sino del manejo de fondos públicos y del respeto a los derechos de sectores vulnerables. El silencio, en estos casos, no es una opción.
