Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y figura clave del gobierno nacional, solicitó dejar sin efecto la medida cautelar que impedía la difusión de audios atribuidos a su persona. La decisión, ya aceptada por el juez civil y comercial federal Patricio Maraniello, marca un giro en la estrategia del oficialismo, en medio de sospechas de operaciones mediáticas y tensiones con el periodismo.
La medida inicial, dictada semanas atrás, prohibía que cualquier medio —gráfico, televisivo, radial o digital— reprodujera los audios filtrados. Sin embargo, en un nuevo escrito presentado ante la Justicia, Milei sostuvo que el contenido de esas grabaciones no compromete la seguridad nacional ni vulnera derechos de terceros, por lo que no tenía sentido mantener la restricción.
Según expresó, los audios fueron “obtenidos ilegalmente, manipulados y editados con fines de desprestigio personal y político”. A pesar de eso, admitió que su contenido no representa un riesgo concreto y que ya se habían difundido en medios extranjeros sin consecuencias graves.
La funcionaria también apuntó contra ciertos sectores del periodismo, señalando que “la libertad de prensa no puede ser un escudo para justificar delitos como la obtención ilegal de material privado”. Al mismo tiempo, aclaró que su intención no fue censurar, sino proteger derechos individuales frente a una supuesta campaña de desinformación.
El levantamiento de la cautelar desató repercusiones inmediatas. Referentes del ámbito judicial y del periodismo habían criticado fuertemente la medida original por considerarla un caso de “censura previa”. Ahora, la decisión de dar marcha atrás busca descomprimir la presión, aunque deja al descubierto el delicado equilibrio entre privacidad, libertad de expresión y derecho a la información.
En Salta, el caso generó un eco particular. En una provincia donde el acceso a la información pública sigue siendo un tema sensible, la discusión sobre los límites de la prensa y el poder político vuelve al centro de la escena. Funcionarios, periodistas y referentes sociales observan el desarrollo del conflicto con atención, conscientes de que lo que ocurre en Nación muchas veces marca precedentes que se replican en el interior.
Para el gobierno nacional, la movida parece apuntar a neutralizar el impacto político del escándalo. Permitir la libre circulación del material —aunque cuestionando su origen— podría quitarle fuerza a la polémica y cerrar un frente de conflicto. Sin embargo, no está claro si la estrategia evitará nuevos cuestionamientos o si terminará por avivar la llama.
Por ahora, los audios ya pueden difundirse sin restricciones legales. Lo que se diga o se escuche a partir de ahora dependerá del juego entre los medios, la opinión pública y los propios protagonistas. Mientras tanto, Karina Milei ratifica su peso dentro del esquema de poder presidencial y demuestra que, incluso en medio de la tormenta, sigue manejando los hilos.
