La Cámara Federal de La Plata resolvió otorgarle la prisión domiciliaria a Jorge Omar Castillo, conocido como el Rey de La Salada, en el marco de la causa que lo investiga por asociación ilícita y lavado de dinero. La medida fue firmada por los jueces Carlos Alberto Vallefín y Roberto Agustín Lemos Arias, quienes revocaron la decisión previa del Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, que había rechazado el beneficio.
El tribunal sostuvo que el delicado estado de salud del empresario vuelve incompatible su permanencia en una unidad penitenciaria. Por eso, dispuso que cumpla arresto domiciliario con monitoreo electrónico. La medida entrará en vigencia una vez que se verifiquen las condiciones del domicilio y se coloque la tobillera correspondiente.
Según los informes médicos incorporados al expediente, Castillo padece un adenocarcinoma de colon con sospecha de recidiva, una eventración abdominal posquirúrgica no reductible, gastritis erosiva crónica, probable anemia con pérdida de peso acelerada e hipertensión leve. El fallo señala que estas patologías requieren controles oncológicos frecuentes y atención especializada que el sistema carcelario no puede garantizar.
La defensa, a cargo del abogado Gastón Marano, había solicitado el cambio de régimen alegando que ya no existen riesgos procesales y que las pruebas centrales del expediente están aseguradas. También destacó que Castillo tiene domicilio fijo, carece de antecedentes penales y no mantiene vínculos con los actuales administradores del predio Punta Mogote SCA, epicentro de la llamada “megacausa La Salada”.
Los jueces valoraron además que el acusado cumplió en el pasado con las condiciones impuestas por la Justicia y que su colaboración en distintas instancias del proceso redujo cualquier posibilidad de entorpecimiento.
El caso se enmarca en una de las investigaciones judiciales más resonantes de los últimos años, que puso bajo la lupa el funcionamiento del gigantesco complejo ferial de Lomas de Zamora, considerado durante años el principal polo del comercio informal del país. Según la acusación, Castillo lideró una estructura dedicada a la explotación ilegal del predio y al lavado de activos mediante maniobras financieras y societarias.
La resolución de la Cámara no implica el cierre del proceso. Castillo seguirá imputado y deberá presentarse ante la Justicia cada vez que sea citado. El arresto domiciliario se limita al resguardo de su salud mientras continúa el trámite de la causa.
En distintas provincias, incluido Salta, el caso genera atención porque refleja tensiones que atraviesan buena parte del comercio popular argentino: entre la necesidad de trabajo y los límites de la legalidad. En los últimos años, feriantes y comerciantes del norte del país siguieron de cerca el expediente, que marcó un antes y un después en la regulación de los mercados informales.
El “Rey de La Salada” volverá ahora a su casa, bajo control electrónico, mientras la Justicia define su futuro. La causa que lo tiene como protagonista sigue abierta y continúa siendo un símbolo de los vínculos entre poder económico, ilegalidad y desigualdad en la Argentina contemporánea.
