La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio luz verde para que se concrete la subasta de los bienes de Austral Construcciones, la firma vinculada al empresario Lázaro Báez y que estuvo en el centro de múltiples controversias vinculadas a la obra pública. Esta decisión se convirtió en un punto de inflexión para los acreedores de la quiebra y tendrá consecuencias en todo el país, incluyendo la provincia de Salta, donde la obra pública y las inversiones suelen ser piezas clave para la economía local.
El fallo resolvió un conflicto de competencia entre tribunales y respaldó la actuación del juez comercial que impulsa la venta de activos, a pesar de la resistencia del Tribunal Oral Federal 5 (TOF5). Este tribunal penal, que lleva la causa Hotesur-Los Sauces —donde están procesados la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo Kirchner— había pedido frenar los remates para proteger bienes que podrían ser confiscados en caso de condenas. Sin embargo, la Corte determinó que en procesos de quiebra, los derechos de los acreedores no pueden quedar supeditados a procesos penales.
El fallo, firmado por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, reafirmó que los bienes de Austral Construcciones deben regirse por la ley de Concursos y Quiebras, con lo que la subasta es legítima y necesaria para cancelar deudas pendientes, que incluyen obligaciones con la AFIP, el Banco Nación y honorarios vinculados al proceso judicial.
Austral Construcciones fue declarada en quiebra en 2018 tras años de protagonismo en contratos millonarios, especialmente en la provincia de Santa Cruz, epicentro del entramado empresarial y político del grupo Báez. En 2023, comenzaron a rematarse sus activos para avanzar en el pago de las deudas acumuladas, un proceso que ahora cuenta con el aval del máximo tribunal y que se extiende con repercusiones en distintas jurisdicciones.
En el caso de Salta, la noticia genera atención porque la obra pública es un motor económico fundamental, y las decisiones judiciales que afectan a grandes constructoras o grupos vinculados a ellas pueden incidir en la confianza del sector y en el desarrollo de proyectos locales. La subasta de bienes de Austral también implica un paso más en la recuperación de fondos para acreedores estatales, como la AFIP, cuya recaudación tiene impacto directo en la provincia.
Por otro lado, la causa Hotesur-Los Sauces, que había sido cerrada en 2021 y reabierta en 2023 por la Cámara de Casación, aún no tiene fecha concreta para el inicio del juicio oral. La resolución de la Corte Suprema, al despejar la cuestión de la subasta, marca una diferencia clara entre el proceso penal y el comercial, dando prioridad a la recuperación de créditos en la quiebra y despejando obstáculos legales para la venta de activos.
Este caso vuelve a poner en el centro el debate sobre la relación entre la justicia penal y la económica, la recuperación de activos y la transparencia en la gestión pública, cuestiones que tienen especial relevancia en el contexto salteño, donde la inversión en obra pública y el combate contra la corrupción son temas de constante actualidad y preocupación.
En definitiva, la Corte Suprema confirmó que la subasta de Austral Construcciones es un paso necesario para saldar deudas y ordenar el escenario económico, con un impacto que trasciende Santa Cruz y se siente hasta en provincias como Salta, donde el equilibrio entre la justicia y la economía sigue siendo un desafío permanente.
