La Justicia federal aguarda la entrega de un peritaje contable decisivo sobre las declaraciones juradas de Cristina Fernández de Kirchner. El estudio busca determinar si existieron irregularidades en la documentación presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA) durante sus años de gestión y si se incorporó correctamente la sucesión de bienes tras el fallecimiento de Néstor Kirchner en 2010.
El informe, que podría conocerse esta semana, será remitido al fiscal Gerardo Pollicita, quien deberá evaluar si los resultados justifican nuevas medidas o si las observaciones detectadas son de carácter administrativo. Según fuentes judiciales, el análisis apunta a comprobar la coherencia y completitud de los datos patrimoniales de la ex mandataria.
El trabajo está en su etapa final y fue elaborado por un perito del Centro de Información Judicial junto a tres especialistas del Ministerio Público Fiscal. El estudio abarca los años 2009 a 2015, periodo en el que los Kirchner ocuparon la Casa Rosada, y se centra en bienes inmuebles, plazos fijos y depósitos bancarios, además de propiedades en El Calafate y Río Gallegos.
El foco principal está puesto en la correcta incorporación de los bienes de la sucesión de Néstor Kirchner. En caso de que no se hayan declarado en tiempo y forma, los peritos deberán precisar si esa omisión impidió reconstruir con exactitud la evolución patrimonial del matrimonio.
El resultado de este informe podría influir en el curso de otras causas abiertas contra la ex presidenta, incluida la investigación conocida como “Cuadernos”, que ya está en etapa de juicio oral. Ese proceso, a cargo del Tribunal Oral Federal N°7, involucra a 174 imputados entre ex funcionarios y empresarios, y analiza un presunto sistema de pagos ilegales vinculados a la obra pública.
En el ámbito judicial se destaca que este tipo de peritajes son herramientas clave para garantizar la transparencia en la gestión pública. Las leyes nacionales de Ética Pública y de Administración Financiera obligan a todos los funcionarios a declarar anualmente su patrimonio ante los organismos de control, con el objetivo de prevenir conflictos de interés y posibles maniobras de ocultamiento.
Mientras se espera el resultado final, el expediente continúa bajo reserva. Si el informe confirma inconsistencias, la fiscalía podría impulsar nuevas líneas de investigación. De lo contrario, el caso podría cerrarse o quedar archivado por falta de relevancia penal.
La expectativa por el dictamen es alta tanto en Buenos Aires como en las provincias, incluida Salta, donde el tema genera interés por su impacto institucional y político. En los próximos días se sabrá si el informe contable refuerza las sospechas o si despeja las dudas sobre las declaraciones patrimoniales de la ex presidenta.
