La jueza Julieta Makintach presentó un pedido formal para que se declare la nulidad total de la causa que la investiga por su presunta participación en la grabación de un documental durante el juicio por la muerte de Diego Maradona. Su defensa sostiene que el proceso está viciado desde el inicio por irregularidades graves, falta de objetividad por parte del fiscal y una clara vulneración de derechos procesales.
El escrito, ingresado ante el Juzgado de Garantías N°4, plantea que la causa se originó de manera ilegítima, ya que la denuncia fue impulsada por el abogado Julio Rivas —defensor del médico Leopoldo Luque— pero, según la defensa, fue utilizado como instrumento por la Fiscalía y la querella para suspender el juicio.
Los abogados Nicolás Urrutia y Nicolás Corleto argumentan que todo el proceso judicial es “fruto del árbol envenenado”: si el origen de la investigación fue ilegal, entonces las pruebas y actuaciones posteriores también carecen de validez.
El fiscal Patricio Ferrari es señalado como uno de los principales responsables de esta situación. La defensa lo acusa de haber perdido objetividad al recibir información informal por parte de Rivas y de avanzar en una investigación que describen como una “excursión de pesca judicial”, es decir, sin elementos concretos ni base legal suficiente.
Además, los abogados denuncian que hubo pruebas ocultas, que no se demostró ninguna conducta indebida por parte de Makintach durante el juicio, y que incluso se vulneró su privacidad personal y profesional. También cuestionan el manejo del testimonio de Rivas, que habría sido ocultado durante dos meses.
Un dato que generó fuerte polémica es la supuesta coordinación entre el fiscal Ferrari y el abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona. Según declaró Rivas, ambos lo contactaron con información sensible que aún no debería haber estado disponible, lo que genera sospechas sobre una estrategia premeditada para frenar el juicio.
Otro punto discutido es el testimonio de la oficial Mirtha Barrionuevo, que habría sido “guionado”, según los abogados, y recién incorporado formalmente días después de haber sido tomado.
La defensa también acusa al fiscal de haber “instruido” a la defensa en lugar de mantener la independencia que debe tener respecto de todas las partes. Esto, advierten, rompe la igualdad de condiciones y compromete seriamente la transparencia del proceso.
Ahora será el juez Esteban Rossignoli quien deberá definir si hace lugar al pedido de nulidad. Si lo acepta, podría desmoronarse toda la investigación vinculada al documental y reconfigurar el avance del juicio por la muerte de Maradona.
Aunque el foco está puesto en Buenos Aires, el caso genera atención nacional, tanto por la magnitud mediática como por las implicancias institucionales. Las denuncias de arbitrariedades, manejos políticos y falta de garantías vuelven a encender el debate sobre la independencia del Poder Judicial y los límites del accionar fiscal.
El futuro de la causa dependerá de la decisión que tome el juez en los próximos días. Mientras tanto, la figura de Makintach queda en el centro de una controversia que combina justicia, poder y exposición mediática. Una mezcla explosiva que vuelve a sacudir los cimientos del sistema penal argentino.
