La crisis de Algodonera Avellaneda llegó a un punto crítico. La Justicia de Santa Fe decretó la quiebra de la empresa textil vinculada a la familia Vicentin, que acumula una deuda superior a los US$ 260 millones con el Banco Nación y mantiene en vilo a unos 350 trabajadores. La decisión se tomó después de que fracasaran las negociaciones para reestructurar sus compromisos financieros y no se presentaran interesados en el proceso de salvataje que buscaba evitar la liquidación de la compañía.
La resolución marca un nuevo capítulo en la crisis de una firma con presencia industrial en el norte argentino. Su principal establecimiento se encuentra en Reconquista, Santa Fe, mientras que también cuenta con dos plantas dedicadas al desmote de algodón en las provincias de Chaco y Santiago del Estero. La situación genera preocupación por la continuidad de las actividades productivas y el futuro laboral de quienes dependen de la empresa.
Aunque la quiebra ya fue declarada, la decisión judicial no implica necesariamente el cierre inmediato de todas las instalaciones. Se analiza la posibilidad de mantenerlas operativas de manera transitoria mientras se evalúan alternativas para vender la compañía o sus unidades productivas.
El objetivo de esa eventual continuidad sería preservar, en la medida de lo posible, el valor de los activos industriales y las posibilidades de sostener la actividad durante el proceso judicial. Sin embargo, el panorama sigue siendo incierto para los trabajadores, ante la falta de una solución que permita garantizar la continuidad de la firma a largo plazo.
La medida fue dispuesta por el juez Fabián Lorenzini, luego de que Algodonera Avellaneda agotara las instancias previstas para alcanzar un acuerdo con sus acreedores. La empresa se encontraba en concurso preventivo desde 2024, un procedimiento judicial que le permitió intentar negociar una reestructuración de sus deudas para evitar la quiebra.
Durante ese período, la compañía debía reunir las mayorías necesarias para que su propuesta de pago fuera aceptada. No obstante, las negociaciones no llegaron a buen puerto y la resistencia de su principal acreedor terminó siendo determinante para el desenlace.
El Banco Nación concentra la mayor parte de la deuda
Uno de los factores centrales de la crisis es el peso de los compromisos financieros que Algodonera Avellaneda mantiene con el Banco Nación. De acuerdo con los montos consignados en el expediente judicial, la entidad reclama créditos por US$ 260.791.600,40 y $1.585.782.428,89.
El banco concentra más del 80% del pasivo verificado de la empresa, por lo que su posición tuvo una incidencia decisiva en las posibilidades de alcanzar un acuerdo para reestructurar las obligaciones.
Las propuestas de pago presentadas por la firma fueron rechazadas por la entidad financiera, que las consideró insuficientes. Sin el respaldo necesario para avanzar con el esquema de cancelación de la deuda, la empresa no logró superar una de las principales trabas de su concurso preventivo.
El fracaso de las negociaciones dejó a la compañía sin una salida consensuada con sus acreedores. A eso se sumó la falta de interesados en el procedimiento de salvataje, una instancia que buscaba encontrar un tercero dispuesto a asumir el control de la empresa y evitar que se avanzara hacia su liquidación.
La ausencia de propuestas terminó de complicar el escenario. Sin una alternativa concreta para sostener la actividad mediante un cambio de control o una solución financiera, la Justicia resolvió declarar la quiebra.
Las garantías otorgadas a Vicentin, en el origen de parte de los compromisos
Otro aspecto relevante del expediente es el vínculo financiero entre Algodonera Avellaneda y Vicentin, el grupo agroexportador asociado a integrantes de la misma familia empresaria.
Una parte importante de los compromisos financieros de la algodonera se originó en garantías que la compañía otorgó a favor de Vicentin. Esa relación quedó bajo la lupa en medio de las dificultades que ambas estructuras empresariales atravesaron para responder a sus obligaciones.
Las garantías implican que una empresa puede asumir responsabilidades frente a determinados compromisos financieros de otra. En este caso, ese tipo de operaciones contribuyó a explicar el volumen de las obligaciones que enfrenta Algodonera Avellaneda y su exposición a la crisis del grupo agroindustrial.
El vínculo entre ambas firmas resulta significativo para comprender la situación actual, aunque sus respectivas situaciones judiciales y financieras deben analizarse de acuerdo con los procedimientos correspondientes a cada compañía.
La quiebra de Algodonera Avellaneda representa un nuevo golpe para una estructura industrial vinculada a la cadena algodonera argentina, un sector que conecta la producción primaria con el procesamiento de la fibra y su posterior transformación en productos textiles.
Qué puede pasar con las plantas y los trabajadores
La principal preocupación ahora pasa por el futuro de los aproximadamente 350 puestos de trabajo relacionados con la empresa. La declaración de quiebra introduce un escenario de incertidumbre para el personal, las familias que dependen de esos ingresos y las actividades económicas vinculadas a las plantas industriales.
En Reconquista, donde se encuentra el establecimiento principal, la continuidad de las operaciones será uno de los puntos centrales de la etapa que comienza. Lo mismo ocurre con las instalaciones de desmote ubicadas en Chaco y Santiago del Estero, que forman parte de la estructura productiva de la compañía.
La posibilidad de mantener las plantas funcionando de manera transitoria aparece como una alternativa para evitar una interrupción inmediata de la actividad mientras se define el destino de los activos. Sin embargo, esa opción no equivale a una garantía de estabilidad laboral ni asegura que la producción pueda sostenerse indefinidamente.
Entre las alternativas que se analizan está la eventual venta de la empresa en su conjunto o la transferencia de sus distintas unidades productivas. La concreción de una operación de ese tipo dependerá de las condiciones del proceso judicial y de la aparición de interesados dispuestos a invertir en las instalaciones.
El desafío será encontrar una salida que permita preservar el valor industrial de la compañía y, al mismo tiempo, reducir el impacto de la crisis sobre sus trabajadores y las economías regionales vinculadas con la actividad algodonera.
Con la quiebra ya decretada, Algodonera Avellaneda inicia una etapa decisiva. La deuda millonaria, el fracaso de las negociaciones con el Banco Nación y la ausencia de ofertas durante el salvataje dejaron a la empresa sin una solución inmediata. Ahora, la continuidad de las plantas y el futuro de los 350 empleos dependerán de cómo avance el proceso judicial y de si aparece una alternativa capaz de mantener en funcionamiento la estructura productiva.
