El presidente Javier Milei volvió a apelar a sus redes sociales como único canal de comunicación ante una nueva polémica que sacude a su gobierno. Esta vez, el mandatario compartió en sus historias de Instagram el comunicado oficial de la droguería Suizo Argentina, una de las empresas mencionadas en las filtraciones que apuntan a presuntas coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Sin emitir declaraciones propias ni hacer alusión directa al escándalo, Milei optó por replicar el texto empresarial, evitando de momento profundizar sobre una causa que ya involucra a exfuncionarios y que amenaza con escalar.
El caso explotó tras la salida del titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, desplazado de su cargo luego de la difusión de audios comprometedores. En esas grabaciones, se menciona a Suizo Argentina como una de las firmas que presuntamente habrían pagado sobornos para acceder a contratos o agilizar gestiones dentro del organismo estatal. La empresa, con más de un siglo de trayectoria en el rubro farmacéutico, no tardó en responder públicamente para rechazar las acusaciones y ratificar su “compromiso con la legalidad y la transparencia”.
El comunicado, ahora avalado simbólicamente por la difusión presidencial, afirma que la droguería se encuentra “a plena disposición de la Justicia y de los organismos de control para esclarecer los hechos”. Además, la compañía hizo hincapié en que tanto sus directivos como sus accionistas están a derecho, con total disposición para colaborar en la investigación. "Hemos actuado con absoluto apego a las leyes", afirmaron en el documento.
Lejos de calmar las aguas, el silencio de Milei genera interrogantes. Durante sus últimas apariciones públicas, ni en su acto en Junín ni en el discurso que dio en Rosario por el aniversario de la Bolsa de Comercio, el Presidente hizo mención alguna al tema. La estrategia parece ser clara: marcar distancia y evitar cualquier exposición directa que lo ligue al escándalo, aunque el avance judicial podría forzar un cambio de postura.
La reacción oficial —o más bien, la falta de ella— no pasó desapercibida en ámbitos políticos y empresariales. En la Casa Rosada optaron por el hermetismo, mientras la oposición ya prepara pedidos de informes y presentaciones en el Congreso para que se investigue a fondo el entramado detrás de las supuestas maniobras ilegales en la ANDIS. En el centro de la escena se encuentra el manejo de fondos vinculados a programas sociales y a la compra de insumos médicos para personas con discapacidad, un área particularmente sensible que ha estado bajo la lupa en más de una ocasión en gestiones anteriores.
Mientras tanto, desde Suizo Argentina sostienen que sus operaciones continúan con normalidad. En el texto difundido, la empresa aseguró que sigue trabajando en la distribución de medicamentos, insumos hospitalarios, productos médicos y artículos de perfumería, garantizando el abastecimiento de más de 10.000 farmacias, hospitales y centros de salud de todo el país. También remarcaron que todas sus actividades están “bajo el estricto cumplimiento de las normativas vigentes”.
En paralelo, la investigación judicial avanza. La fiscalía federal a cargo de Franco Picardi ya cuenta con la pericia realizada sobre el celular de Diego Spagnuolo, una pieza clave para esclarecer los vínculos y responsabilidades dentro del entramado. Peritos informáticos accedieron al equipo, realizaron la copia forense correspondiente y ahora se espera el análisis detallado del contenido: mensajes, audios, correos y registros que podrían arrojar luz sobre la ruta del dinero y las eventuales presiones a empresas proveedoras del Estado.
El escenario es complejo. A solo nueve meses de asumir, el gobierno libertario enfrenta su primera gran denuncia de corrupción interna. Si bien el Presidente ha hecho bandera de la lucha contra “la casta” y el gasto público innecesario, los hechos revelan que incluso bajo una administración que se jacta de “no tranzar con nadie”, los manejos turbios pueden seguir operando desde las sombras del Estado.
En Salta, donde la cobertura de salud y el acceso a medicamentos siguen siendo temas sensibles, el escándalo no pasa desapercibido. Muchos centros de salud de la provincia —tanto públicos como privados— dependen de los grandes distribuidores nacionales como Suizo Argentina para recibir insumos esenciales. La confianza en la transparencia de estos proveedores es clave para garantizar la atención médica, sobre todo en el norte argentino, donde las distancias y la logística dificultan aún más el abastecimiento regular.
La repercusión local también se siente en el ámbito político. En la Legislatura salteña ya hay voces que piden mayor control sobre las compras públicas y los convenios con empresas proveedoras. Además, desde distintas organizaciones sociales que trabajan con personas con discapacidad han mostrado preocupación por el posible desvío de fondos que deberían estar destinados a políticas de inclusión y asistencia directa.
Por ahora, la postura del Gobierno Nacional parece ser la de minimizar el conflicto y dejar que la Justicia actúe. Pero el riesgo es claro: si las investigaciones avanzan y se comprueban responsabilidades de funcionarios cercanos, el caso podría convertirse en una mancha difícil de borrar en la narrativa libertaria. Milei, que ha elegido las redes sociales como único canal para expresar su respaldo indirecto a Suizo Argentina, deberá en algún momento dar explicaciones más concretas.
