El Reino Unido realizó un ejercicio militar de seis días en las Islas Malvinas con la participación de unos 150 soldados del Segundo Batallón del Regimiento de Paracaidistas y cerca de 100 reservistas de la fuerza de defensa local. Las maniobras incluyeron desembarcos, desplazamientos terrestres y simulaciones de combate, con apoyo de la Marina y la Fuerza Aérea británicas.
El entrenamiento, denominado "Cape Upholder", se desarrolló en sectores como San Carlos, Goose Green y Wireless Ridge, escenarios vinculados con la guerra de 1982. Según la información difundida sobre el operativo, los efectivos practicaron acciones anfibias y ataques sobre objetivos simulados, además de desplazamientos por terrenos rocosos y turbales.
La actividad comenzó con el traslado de tropas a bordo del patrullero HMS Medway y un desembarco en botes inflables en la zona de San Carlos. Luego, los soldados realizaron una marcha nocturna y un ataque al amanecer contra un centro de comunicaciones simulado en Goose Green.
Ejercicios de defensa
El ejercicio también incorporó escenarios de defensa ante ataques con drones y la evaluación del impacto de las operaciones cibernéticas y espaciales sobre las fuerzas terrestres.
Fuentes de la defensa británica señalaron que las maniobras estaban programadas y descartaron que fueran una respuesta a las declaraciones del Gobierno argentino. El comandante de la compañía, el mayor Nunkoosing, destacó que el entrenamiento permitió evaluar a las tropas en un entorno geográfico exigente.
El proyecto en Diputados
Por otra parte, el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional encontró resistencia en Diputados. El oficialismo debió postergar la firma del dictamen durante un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto.
La iniciativa contempla sanciones a empresas que exploten recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina, pero también introduce reformas en el sistema de seguridad nacional. Las críticas opositoras se concentraron en las atribuciones del Consejo de Seguridad, los protocolos de derribo de aeronaves y hundimiento de buques y la definición de conceptos como "amenaza externa" y "actividad terrorista".
Hasta ahora, el Gobierno aceptó retirar el artículo 111, que establecía penas por alterar procesos electorales, manipular la opinión pública mediante campañas de desinformación masiva o colaborar con campañas extranjeras de sabotaje al orden público. La Libertad Avanza, sin embargo, anticipó que mantendrá el eje de la reforma.
