La causa contra el ex presidente Alberto Fernández por presunto abuso de autoridad durante la pandemia volvió a activarse tras la decisión de la Cámara Federal porteña, que revocó el sobreseimiento dictado en junio. La resolución judicial ordena profundizar la investigación sobre las medidas tomadas en el contexto de las restricciones sanitarias impuestas entre 2020 y 2021.
Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi consideraron que aún hay elementos por investigar y calificaron de “prematuro” el cierre de la causa que había resuelto la jueza María Servini. El expediente busca determinar si las decisiones del gobierno nacional, que afectaron la vida cotidiana de millones de argentinos, incluyendo a salteños y salteñas, se ajustaron a criterios sanitarios o si, como planteó el fiscal Carlos Stornelli, estuvieron motivadas por conveniencia política.
El caso tomó impulso a partir de declaraciones del ex ministro de Economía Martín Guzmán, quien sostuvo públicamente que la cuarentena “duró más de lo necesario” y que algunas decisiones se tomaron para evitar tensiones internas en el oficialismo. Estas palabras encendieron las alarmas judiciales y dieron pie a una denuncia formal contra el ex mandatario.
En su momento, la jueza Servini había descartado la existencia de delito, señalando que no era posible establecer con precisión cuándo dejaron de ser necesarias las restricciones y destacando que los Decretos de Necesidad y Urgencia contaban con aval legislativo. Sin embargo, la Cámara consideró válido el planteo del fiscal y ordenó seguir adelante con la causa.
Si bien el proceso judicial se lleva adelante en Buenos Aires, las implicancias son nacionales. En Salta, la cuarentena tuvo un impacto profundo: comercios cerrados, clases virtuales, controles de circulación y un freno abrupto a la economía que todavía se siente. La continuidad de la causa despierta interrogantes sobre cómo se tomaron las decisiones y si se respetaron los límites legales en un contexto tan delicado.
La reapertura del expediente también se da en un clima de revisión política y social del manejo de la pandemia. Mientras algunos sectores defienden las restricciones como una respuesta necesaria frente a lo desconocido, otros consideran que se excedieron los márgenes del poder y se vulneraron derechos básicos de la ciudadanía.
Ahora, la Justicia deberá determinar si el ex presidente actuó dentro del marco de la ley o si usó su cargo para imponer medidas más allá de lo que la situación exigía. En los próximos meses podrían convocarse a ex funcionarios, asesores y autoridades provinciales para reconstruir cómo se tomaron aquellas decisiones que marcaron un antes y un después en la historia reciente del país.
