El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, denunció que Harbour Energy integra un proyecto que accedió al RIGI, pese a la nueva política anunciada por el Gobierno contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
La petrolera británica posee, según el legislador, el 15% de Southern Energy, un proyecto aprobado por el Gobierno mediante la Resolución 559/2025 para desarrollar actividades vinculadas con la producción y exportación de gas desde Río Negro.
El planteo de Ferraro tomó relevancia después de que el presidente Javier Milei anunciara nuevas restricciones para empresas que operan en los espacios marítimos cercanos a las Malvinas. El Gobierno publicó un decreto que también establece requisitos específicos para las compañías que busquen ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.
Qué cuestionó Ferraro sobre Harbour Energy
Ferraro sostuvo que Harbour Energy es la misma persona jurídica que anteriormente operaba como Premier Oil PLC, denominación que la compañía modificó en 2021.
Según la denuncia del diputado, Premier Oil fue inhabilitada en 2013 mediante una resolución basada en la Ley 26.659. La sanción se vinculó con actividades de exploración en la plataforma continental argentina sin autorización, en las cercanías de las Islas Malvinas.
El legislador utilizó ese antecedente para cuestionar la participación de Harbour Energy en Southern Energy y su acceso indirecto a los beneficios del RIGI.
INHABILITADA POR MALVINAS, PREMIADA CON EL RIGI
— maxi ferraro (@maxiferraro) September 6, 2026
A la luz del comunicado emitido, del anuncio realizado en cumplimiento de la Ley N.° 26.659, de lo dispuesto por el Presidente de la Nación y de las últimas comunicaciones oficiales, les hago una consulta, Pablo Quirno y Luis… pic.twitter.com/M5nvPMM8iy
Qué cambió Milei con el nuevo decreto
El Gobierno publicó el Decreto 868/2026, que endurece las sanciones contra empresas que exploren o exploten hidrocarburos sin autorización en la plataforma continental argentina.
La norma vincula por primera vez de forma explícita las condiciones de acceso al RIGI con la Ley 26.659. Las empresas que soliciten ingresar al régimen deberán presentar una declaración jurada que certifique que sus accionistas, socios y proveedores no incumplen esa normativa.
Además, antes de aprobar un proyecto, la autoridad del RIGI deberá consultar de manera obligatoria a la Cancillería. El mismo requisito se aplicará a las compañías que soliciten permisos o concesiones bajo la Ley 17.319, que regula la actividad hidrocarburífera.
Ofensiva contra empresas vinculadas con Malvinas
La nueva normativa también acelera los procesos sancionatorios. Los organismos públicos que detecten una posible infracción deberán informar el caso a Cancillería en cinco días hábiles. El presunto infractor tendrá 10 días para presentar su descargo y la autoridad de aplicación contará con otros 10 días para resolver.
Las empresas que violen la Ley 26.659 pueden recibir una inhabilitación de entre cinco y 20 años y perder sus concesiones.
En paralelo, la Cancillería argentina inició un proceso sancionatorio contra 45 personas y empresas por una presunta violación de esa norma. La Oficina del Presidente informó que la medida alcanzó a compañías que realizarían actividades hidrocarburíferas ilegítimas en la plataforma continental argentina, además de accionistas y proveedores de servicios.
El canciller Pablo Quirno también afirmó que el Gobierno notificó a 180 compañías de 29 países vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las islas. Según explicó, deberán elegir entre mantener esos negocios y afrontar las consecuencias previstas por la Argentina o desarrollar inversiones en el país.
