La causa que investiga posibles irregularidades durante la gestión de Diego Spagnuolo al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó en las últimas horas elementos que agravan su situación judicial. Peritajes oficiales confirmaron que el exfuncionario eliminó mensajes de su celular antes de entregarlo a la Justicia y que intentó reactivar su cuenta de WhatsApp desde otro dispositivo justo un día antes de que allanen su casa.
El análisis fue realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP), que advirtió estas maniobras al momento de extraer información del teléfono secuestrado. La reconstrucción determinó que el intento de reactivación ocurrió el 21 de agosto a las 15:43. Al día siguiente, el 22, se concretaron varios allanamientos, incluido el domicilio particular de Spagnuolo en un barrio privado de zona norte.
Estas acciones complican aún más al exdirector, que aún no tiene abogado defensor y evalúa convertirse en arrepentido. En paralelo, el juez Sebastián Casanello dispuso el levantamiento del secreto de sumario para que las partes puedan acceder al expediente completo. La medida permite que el exfuncionario conozca todas las pruebas reunidas en su contra.
Durante la etapa reservada, la Justicia recolectó testimonios, documentación y dispositivos clave. Uno de los hallazgos más relevantes se produjo en una caja de seguridad del Banco BBVA, donde se encontraron 80 mil dólares y 2.000 euros. Esta suma excede ampliamente los 25 mil dólares declarados por Spagnuolo al asumir el cargo. Su declaración jurada de egreso, con vencimiento el 15 de septiembre, aún no fue presentada.
El foco de la causa está puesto en los contratos entre la ANDIS y la droguería Suizo Argentina, empresa vinculada a los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker. Durante la gestión de Spagnuolo, la firma concentró el 22% de una licitación por 24 mil millones de pesos y acumuló contrataciones por más de 55 mil millones. Las sospechas apuntan a posibles direccionamientos y sobreprecios.
Mientras tanto, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) continúa con el análisis legal de los contratos, y el Gobierno nacional avanza con una auditoría interna. El interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, espera contar con un primer informe en octubre. La intervención fue oficializada mediante el decreto 601/2025 y se extenderá por 180 días. Esta semana también se confirmó la designación de Gianfranco Scigliano como subdirector del organismo.
En Salta y otras provincias del norte, donde la ANDIS canaliza fondos para programas de asistencia e inclusión, la investigación genera preocupación. Cualquier desvío en los recursos puede impactar de lleno en las comunidades más vulnerables, donde el acceso a dispositivos, tratamientos y apoyo estatal es esencial.
Con el expediente ya abierto, Casanello y el fiscal Franco Picardi retomarán el análisis detallado de la prueba recolectada. El futuro judicial de Spagnuolo dependerá, en gran parte, de si decide colaborar como imputado arrepentido o enfrentar las consecuencias del proceso con las evidencias en su contra.
