La investigación por presuntas irregularidades dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este mediodía un capítulo clave con la indagatoria de Diego Spagnuolo, quien dirigió el organismo durante el período bajo sospecha. El exfuncionario llegó a los tribunales de Comodoro Py y declaró durante casi dos horas ante el fiscal federal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello, en el marco de una causa que apunta a un posible esquema de sobornos y contrataciones direccionadas hacia laboratorios farmacéuticos.
El expediente reúne audios, intercambios de mensajes y movimientos financieros atribuidos a exfuncionarios y empresarios. Para evitar contacto con la prensa, Spagnuolo ingresó al edificio en su vehículo, autorizado por personal policial a descender directamente al subsuelo. Dentro de los tribunales, respondió de manera detallada a cada una de las consultas vinculadas al funcionamiento interno de la agencia.
La citación forma parte de una serie de llamados dispuestos por el fiscal Picardi. Ya fueron convocados Miguel Ángel Calvete —considerado la mano derecha del exdirector—, Pablo Atchabahian, Federico Maximiliano Santich, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno y Daniel María Garbellini, entre otros. Algunos de ellos optaron por no declarar, entre ellos el propio Calvete, cuya situación procesal quedó bajo la lupa luego de un allanamiento en la casa de su hija, donde se encontró una importante suma de dólares.
La Justicia intenta determinar si desde la agencia se direccionaron contratos por miles de millones de pesos hacia un grupo de laboratorios, entre ellos Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta. Según la investigación, esas droguerías habrían sido beneficiadas en el último año y medio mediante procedimientos que podrían haber incluido pedidos de coimas y la intervención de operadores externos.
Uno de los puntos que generó mayor atención es la participación de personas que no formaban parte del organigrama de la ANDIS, pero que aun así tenían acceso al sistema de contrataciones. Entre esas figuras aparece Luciana Ferrari, cuya actividad dentro del organismo ya quedó registrada en el expediente. Para los investigadores, su presencia podría ser clave para entender cómo se habilitaban accesos y quiénes tenían capacidad de influir sobre los procesos administrativos.
La causa también busca clarificar el rol de Calvete y Atchabahian, señalados como lobistas que podían definir a qué laboratorio favorecer en cada licitación o compra directa. La Justicia intenta establecer si se trataba de movimientos aislados o de un mecanismo sostenido que operaba con conocimiento de las autoridades del organismo.
La declaración de Spagnuolo marca un avance en el expediente, que sigue sumando medidas de prueba y podría derivar en nuevas indagatorias. Con la información incorporada hasta ahora, los investigadores intentan reconstruir si existió un circuito organizado para manipular contrataciones públicas dentro de un área que maneja fondos millonarios destinados a políticas de discapacidad.
El próximo paso será analizar el contenido completo de la declaración del exfuncionario y determinar si aporta elementos que modifiquen su situación procesal o amplíen el alcance de la causa. Mientras tanto, en los tribunales federales se espera que nuevas diligencias terminen de definir el entramado de responsabilidades dentro de la ANDIS.
