El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, solicitó este jueves la nulidad de la causa judicial que lo involucra, al sostener que los audios que lo comprometen son falsos y manipulados mediante inteligencia artificial. La presentación se realizó en Comodoro Py, donde se investiga un presunto sistema de retornos en compras de medicamentos para personas con discapacidad.
El abogado del exfuncionario, Mauricio D’Alessandro, aseguró que las grabaciones difundidas no corresponden a la voz de su defendido y que fueron sacadas de contexto. “Los audios están editados o generados por inteligencia artificial. Spagnuolo me confirmó que no son su voz”, afirmó el letrado, que pidió esperar el levantamiento del secreto de sumario para poder analizar el material completo.
La causa comenzó en agosto luego de que se filtraran grabaciones en las que, supuestamente, Spagnuolo mencionaba un sistema de retornos del 3% en la compra de medicamentos. En esos audios también se mencionaba a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem, uno de los asesores más cercanos del Gobierno. Poco después de la difusión de los audios, el presidente Javier Milei firmó un decreto que removió a Spagnuolo de su cargo.
En su presentación, la defensa cuestionó la legalidad de la obtención de las pruebas y alertó sobre un posible espionaje ilegal, incluso con conexiones internacionales. Según D’Alessandro, la investigación vulneró la intimidad de su cliente y, por ese motivo, reclamó la nulidad de todo lo actuado.
Sin embargo, la fiscalía federal, a cargo de Franco Picardi, se opuso al pedido. “Los audios no tienen valor probatorio por el momento, pero existen otros elementos en el expediente que justifican la continuidad de la investigación”, explicó Picardi. Entre esos elementos se destaca el decreto presidencial que apartó a Spagnuolo de la ANDIS. El fiscal también cuestionó la reciente argumentación sobre inteligencia artificial: “Resulta llamativo que se hable de IA ahora, cuando al momento de su despido no se mencionó nada similar. No hay prueba de espionaje ilegal”, agregó.
La situación judicial de Spagnuolo se complica además por el hallazgo de que borró mensajes de su celular antes de entregarlo a la Justicia. Asimismo, un día antes de que se allanara su vivienda en un barrio privado, intentó conectarse a su cuenta de WhatsApp desde otro dispositivo, según constató la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP).
El informe de DATIP indicó que la extracción de información del teléfono secuestrado reveló borrados previos y los intentos de restablecer la cuenta en otro dispositivo el 21 de agosto, horas antes del allanamiento realizado el 22 de agosto en su domicilio. Ese procedimiento formó parte de una serie de allanamientos que también incluyó otras propiedades vinculadas al exfuncionario.
El caso generó un fuerte debate sobre la validez de los audios como prueba y el impacto de la inteligencia artificial en la justicia. La defensa sostiene que se trata de una manipulación tecnológica que compromete la credibilidad de la causa, mientras que la fiscalía insiste en que hay elementos suficientes para continuar con la investigación.
Además, la causa pone en evidencia cuestiones sobre la seguridad de la información digital y la posibilidad de espionaje en investigaciones judiciales de alto perfil. La utilización de herramientas de inteligencia artificial para generar voces falsas o modificar conversaciones se ha convertido en un tema de interés tanto en el ámbito legal como en el periodismo.
Por ahora, la causa sigue su curso y la Justicia deberá decidir si acepta o rechaza el pedido de nulidad presentado por Spagnuolo. En paralelo, la fiscalía continúa recabando pruebas y análisis tecnológicos que permitan determinar la autenticidad de los audios y esclarecer si existieron irregularidades en la obtención de la información.
Con el expediente aún en etapa inicial, los próximos días serán clave para definir el rumbo del proceso, mientras crece la expectativa sobre los resultados de los peritajes técnicos y el análisis del contenido de los audios. El desenlace de esta causa podría marcar un precedente importante sobre el uso de inteligencia artificial en la manipulación de pruebas y los límites legales en la obtención de información digital de funcionarios públicos.
