Este miércoles, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta definirá si se anula la decisión que liberó a Héctor Romero, el último que vio a la diseñadora gráfica porteña antes de su rastro perdido en la provincia. Fiscales insisten en que hay pruebas pendientes que merecen un juicio oral para esclarecer el misterio que conmovió al NOA.
En Salta, donde las rutas secas y polvorientas guardan tantos secretos como los valles andinos, el caso de María del Carmen Cash sigue siendo una herida abierta para la familia y la Justicia. Mañana, en la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, se juega una partida decisiva: revocar o no el sobreseimiento concedido en mayo a Héctor Romero, el camionero que la llevó en su Mercedes Benz el fatídico 8 de julio de 2011. El fiscal federal Eduardo Villalba y el defensor de Víctimas Nicolás Escandar van con todo, argumentando que la jueza Mariela Giménez del Juzgado Federal N°2 se apuró en lavarle las manos al único imputado, dejando la investigación a medias.
Che, imaginate el quilombo que armó esto en la terminal de ómnibus de Salta capital, donde la última cámara la capturó pidiendo auxilio a una policía para hacer un llamado. María, una piba de 29 años, diseñadora gráfica de Villa del Parque en Buenos Aires, había zarpado rumbo a Jujuy con su mochila liviana y sueños de tejidos coloridos. Paradas en Tucumán y acá en Salta, y de repente, pum, se la tragó la tierra en la ruta 34, cerca de Joaquín V. González. En octubre de ese año, aparecieron sus cosas tiradas al costado del camino, como un grito mudo en el desierto salteño.
Los fiscales no se achican: dicen que el sobreseimiento fue una atropellada, con pericias psicológicas y evidencias circunstanciales que la defensa de Romero cuestiona pero que claman por un juicio oral. "Hay que seguir rastrillando, boludo, no podés cerrar el expediente así nomás", parece ser el sentir en los pasillos de la Justicia Federal de Salta. Romero, de 71 pirulos ahora, siempre juró inocencia, pero sus relatos con idas y venidas lo pusieron en el ojo del huracán. La familia Cash, que no baja los brazos ni con 14 años encima, ve en esta audiencia la chance de romper el pacto de silencio que envuelve las rutas del NOA.
Mientras tanto, en Salta seguimos lidiando con desapariciones que duelen como un poncho rasgado. La recompensa de cinco millones del Ministerio de Seguridad de la Nación sigue vigente, y rastrillajes en El Galpón o Joaquín V. no dan tregua. Mañana, la Cámara decide si el caso María Cash avanza o se estanca de nuevo en la burocracia. Ojalá que la Justicia salteña, con su mezcla de rigor y calidez andina, dé un paso al frente y traiga algo de paz a esta historia que nos interpela a todos en la provincia.
