La Justicia de Salta condenó a tres hombres que comercializaban drogas en la zona del Parque de la Familia, en el barrio Convivencia, tras una investigación iniciada a partir de denuncias anónimas presentadas en la web del Ministerio Público Fiscal.
El fiscal penal Gustavo Torres Rubelt, de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), representó al Ministerio Público en un juicio abreviado donde los tres acusados reconocieron los delitos. El acuerdo fue homologado por el juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino.
Según la resolución, Carlos Sebastián y Carlos Alberto Reyes fueron condenados a tres años de prisión como partícipes secundarios del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, mientras que Marcelo Manuel Reyes recibió una pena de cuatro años de prisión efectiva como autor principal del mismo delito.
La investigación se inició tras denuncias anónimas que alertaban sobre la venta de drogas en la zona del Parque de la Familia. Bajo la coordinación del fiscal Torres Rubelt, la División de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta realizó tareas de campo, seguimientos y entrevistas que permitieron identificar a los tres miembros de la familia como presuntos vendedores de estupefacientes.
Durante el proceso judicial se incorporaron declaraciones testimoniales, registros de video y evidencia material que confirmaron la participación de los acusados en la comercialización de drogas. Además, el 27 de septiembre se realizaron allanamientos autorizados por el Juzgado de Garantías, donde se secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo, balanzas y elementos de fraccionamiento. Los tres hombres fueron detenidos durante estos operativos.
El caso refleja la intervención coordinada entre el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Salta, que permitió desarticular un punto de venta de drogas en la ciudad y llevar a los responsables ante la Justicia. La condena busca enviar un mensaje claro sobre la tolerancia cero frente al narcotráfico en los barrios salteños y reforzar la seguridad comunitaria.
Con la resolución, los tres acusados deberán cumplir sus respectivas penas, mientras la investigación sirve como antecedente para futuros operativos de control de estupefacientes en la capital provincial.
