La Justicia salteña dictó una nueva condena en el marco de las investigaciones por ciberdelitos que vienen creciendo en la provincia y en todo el país. Un hombre mayor de edad fue sentenciado a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional tras admitir la tenencia de material de abuso sexual infantil con fines de distribución, agravado por la participación de víctimas menores de 13 años. La sentencia fue dictada por la jueza del distrito Centro, Cecilia Flores Toranzos, luego de que el imputado confesara durante la audiencia de juicio abreviado.
El caso comenzó a investigarse a partir de un reporte internacional emitido por la ONG NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), organismo que monitorea actividades sospechosas vinculadas a la explotación y el abuso sexual infantil en la red. Desde esa entidad se alertó sobre contenidos ilícitos que habrían sido compartidos o almacenados desde un domicilio ubicado en la ciudad de Salta. A partir de ese aviso, la Fiscalía especializada en Ciberdelincuencia inició una averiguación preliminar que derivó en la identificación del acusado y en el posterior secuestro del material.
La fiscal penal Sofía Cornejo representó al Ministerio Público Fiscal durante el proceso y detalló que, al momento de la intervención, el imputado tenía en su poder siete imágenes consideradas material de abuso y explotación sexual infantil. De acuerdo con la acusación, las fotografías involucraban a menores de edad en situaciones explícitas y formaban parte de archivos que suelen circular en redes clandestinas o a través de plataformas digitales que facilitan la distribución de este tipo de contenido.
Tras ser imputado, el hombre decidió reconocer los hechos en el marco del juicio abreviado. Este mecanismo, previsto por el sistema penal argentino, permite abreviar el proceso cuando el acusado admite su responsabilidad y acepta la pena propuesta, siempre que el tribunal lo considere adecuado. La jueza Flores Toranzos homologó el acuerdo y dictó la condena a prisión condicional, lo que implica que el hombre no será encarcelado de forma efectiva pero deberá cumplir una serie de reglas de conducta estrictas.
Entre estas medidas se incluye la obligación de realizar tratamiento psicológico y de mantenerse bajo supervisión judicial durante el tiempo que dure la pena. Además, el condenado será incorporado al Banco de Datos Genéticos, una herramienta utilizada por la Justicia para reforzar la identificación de personas involucradas en delitos graves y facilitar futuras investigaciones.
El marco legal que rige este tipo de casos está establecido en el artículo 128 del Código Penal Argentino, que sanciona la producción, distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil. La normativa prevé penas que van desde los cuatro meses hasta los dos años de prisión para quienes posean representaciones de menores de 18 años en situaciones sexuales explícitas o cualquier representación de sus genitales con fines predominantemente sexuales. En su interpretación, la fiscal Cornejo remarcó que estos delitos funcionan como una herramienta clave para prevenir la difusión de material que perpetúa la explotación y la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes.
En Salta, la Fiscalía especializada en Ciberdelincuencia viene registrando un incremento sostenido en las intervenciones vinculadas a la detección de material de abuso sexual infantil. Parte de estas investigaciones se activan a partir de reportes internacionales, ya que muchas plataformas tecnológicas colaboran con organismos como NCMEC para identificar comportamientos sospechosos y alertar a las autoridades competentes en cada país. Estos reportes son claves para avanzar rápidamente sobre los responsables y evitar que el contenido continúe circulando en redes digitales.
La lucha contra la explotación sexual infantil en Internet se ha vuelto uno de los ejes centrales del trabajo de las fiscalías especializadas, no solo en Salta sino en todo el país. Las modalidades delictivas se complejizan con el avance tecnológico y el acceso cotidiano a dispositivos conectados. En este contexto, los especialistas señalan que la tenencia y distribución de este tipo de material no es una conducta aislada ni menor: forma parte de un circuito que alimenta redes internacionales de abuso y explotación, y que genera un daño irreparable en las víctimas.
En el caso juzgado en la capital salteña, los investigadores lograron determinar que las imágenes halladas en poder del acusado formaban parte de archivos viralizados que ya estaban identificados por organismos internacionales. Este dato permitió avanzar con firmeza en la imputación y fundamentar la gravedad del delito, especialmente por la participación de víctimas menores de 13 años, lo que agrega un agravante previsto por la ley.
La sentencia de prisión condicional, combinada con reglas estrictas de conducta, forma parte del criterio judicial aplicado en causas donde el acusado reconoce los hechos y se considera que la supervisión y el tratamiento pueden resultar eficaces para evitar la reincidencia. Sin embargo, desde la Fiscalía remarcan que la condena no implica un cierre definitivo del caso en términos de prevención: el Banco de Datos Genéticos y el seguimiento judicial permiten mantener un control permanente sobre el condenado.
