La tranquilidad habitual de Las Lajitas se vio alterada en los últimos días por un caso que generó preocupación en toda la comunidad del departamento Anta. Un hombre de 52 años quedó detenido e imputado por presuntamente orquestar una serie de estafas dirigidas a mujeres que buscaban con urgencia una oportunidad laboral. La acusación sostiene que el sospechoso se aprovechaba de la vulnerabilidad de sus víctimas y les ofrecía empleos inexistentes a cambio de dinero para supuestos trámites, una modalidad delictiva que vuelve a poner en debate las dificultades de acceso al trabajo formal en zonas del interior salteño.
Según la investigación en curso, el acusado se presentaba como un supuesto gestor capaz de conseguir puestos en el área de maestranza, tanto en instituciones públicas como en empresas privadas, prometiendo ingresos estables y contratos inmediatos. La propuesta resultaba tentadora para mujeres con escasas oportunidades laborales en la región, muchas de ellas jefas de hogar o con antecedentes de empleos temporarios. Con un discurso que combinaba cercanía y aparente conocimiento del ámbito administrativo, el hombre habría logrado ganarse su confianza y convencerlas de que él podía abrirles una puerta laboral segura en la ciudad de Salta.
Para concretar ese supuesto ingreso, exigía que las interesadas realizaran algunos trámites previos y abonaran montos que iban desde los 70 mil hasta los 110 mil pesos. La excusa habitual —según relataron las damnificadas— era que ese dinero se utilizaría para cubrir gestiones, certificados, “sellados” y desplazamientos necesarios para cerrar los contratos. Al estar frente a la posibilidad de obtener un empleo estable, muchas aceptaron la propuesta y realizaron las transferencias solicitadas.
Sin embargo, la ilusión se desmoronaba cuando las mujeres intentaban avanzar con el proceso. Varias víctimas coincidieron en que, llegado el día en que supuestamente debían viajar a la capital salteña para firmar papeles o asistir a una entrevista formal, el acusado comenzaba a postergar los encuentros. Las excusas se repetían: que el responsable del área no estaba disponible, que había surgido un problema logístico o que se necesitaba más tiempo para coordinar la documentación. Ese patrón se repitió durante semanas hasta que, frente a los reclamos insistentes, el hombre dejó de responder los mensajes y directamente evitó todo contacto.
La Fiscalía Penal 2 de Joaquín V. González, a cargo de César Saravia y con intervención de la delegación Las Lajitas, tomó conocimiento de la situación a partir de múltiples denuncias que comenzaron a llegar casi en simultáneo. Las mujeres, al descubrir que ninguna avanzaba en el supuesto proceso de contratación, se pusieron en contacto entre sí y comenzaron a recopilar coincidencias en sus historias. Esa articulación permitió advertir que no se trataba de un hecho aislado, sino de un patrón delictivo que se repetía con el mismo modus operandi.
Con esos elementos, el fiscal Saravia imputó provisionalmente al sospechoso como presunto autor de estafas reiteradas en concurso real, en perjuicio de al menos 19 mujeres. Durante la audiencia, el acusado —asistido por una defensora oficial— optó por abstenerse de declarar. Desde la Fiscalía solicitaron al Juzgado de Garantías que continúe detenido mientras se profundiza la investigación, dado que existe riesgo de entorpecimiento y la presunción de que podrían aparecer más víctimas.
En Las Lajitas, la noticia generó indignación y desasosiego. En una zona donde el empleo formal escasea y muchas familias dependen de changas, trabajos rurales temporarios o puestos estatales que se cubren de manera esporádica, la expectativa de un cargo estable resulta sumamente atractiva. Y justamente esa necesidad habría sido utilizada como anzuelo por el acusado, lo que generó un fuerte rechazo social y un pedido implícito de mayor acompañamiento institucional para quienes buscan trabajo.
El caso también volvió a instalar debates que ya se habían planteado en otras localidades del interior salteño, donde episodios similares dejaron en evidencia la falta de información accesible sobre procesos de selección y requisitos laborales. La informalidad en la búsqueda de empleo, especialmente en actividades de limpieza, mantenimiento o servicios generales, abre la puerta a que personas inescrupulosas ofrezcan “gestiones” que, en realidad, no tienen ningún sustento. En situaciones de vulnerabilidad económica, la promesa de una fuente de ingreso inmediata se convierte en una oportunidad difícil de dejar pasar, aun cuando se exijan pagos por adelantado.
A lo largo de la causa, las denunciantes brindaron relatos coincidentes. Todas señalaron que confiaron en el hombre porque se mostraba seguro, mencionaba instituciones reales y se expresaba como alguien acostumbrado a manejar trámites administrativos. También remarcaban que, tras entregar el dinero, notaban un cambio en su actitud: se volvía evasivo, postergaba encuentros y finalmente desaparecía. En algunos casos, habría bloqueado a las víctimas en redes sociales o cambiado de número de teléfono.
La investigación busca determinar si el acusado actuaba solo o si contaba con algún tipo de colaboración. Hasta el momento, no se hallaron pruebas de una red organizada, pero los fiscales no descartan ninguna hipótesis. También se analiza si existen más damnificadas en otras localidades cercanas, como General Pizarro, Joaquín V. González o Gaona, donde las necesidades laborales son similares y los circuitos de confianza suelen atravesar vínculos comunitarios.
El fiscal Saravia recomendó a la comunidad mantenerse alerta frente a promesas laborales que exigen pagos previos. Las gestiones para acceder a un empleo —ya sea en el sector público o privado— no requieren intermediarios que cobren por realizar trámites, y en caso de recibir propuestas sospechosas, se insta a comunicarse con las fiscalías o comisarías de la zona para realizar consultas o denuncias.
Mientras tanto, el expediente continúa avanzando y en los próximos días se prevé que se incorporen más testimonios y documentación. La Fiscalía trabaja también en el rastreo de movimientos bancarios y comunicaciones del acusado para reconstruir el camino del dinero y los contactos con las víctimas. Cada elemento será clave para determinar la responsabilidad penal del detenido y para evaluar si existen más personas involucradas.
