La ciudad de Salta volvió a ser escenario de un operativo policial de gran escala, luego de que la Dirección General de Investigaciones lograra desarticular una organización dedicada al robo de motocicletas en distintos puntos de la capital provincial. La causa, que se abrió a partir de varias denuncias de damnificados, derivó en un trabajo coordinado que permitió identificar a los presuntos responsables y avanzar con allanamientos simultáneos en varios barrios de la zona sudeste.
Las actuaciones forman parte de una investigación por robo calificado que se venía desarrollando desde hace varias semanas, a partir del aumento de sustracciones de motos, uno de los delitos más frecuentes y que mayor inquietud genera entre los vecinos de la capital salteña. Según fuentes policiales, las denuncias permitieron reconstruir un patrón en la modalidad delictiva y establecer conexiones entre distintos hechos ocurridos en barrios cercanos, lo que dio origen a un seguimiento discreto sobre determinadas viviendas y personas vinculadas a los casos.
Durante la mañana, y con un importante despliegue de personal especializado, los investigadores ejecutaron seis órdenes de allanamiento en los barrios 26 de Marzo, San Calixto y Villa Lavalle. El operativo incluyó la participación de grupos tácticos, unidades motorizadas y equipos de criminalística. El objetivo era asegurar los inmuebles, evitar fugas y resguardar evidencia antes de proceder con la detención de los sospechosos.
Como resultado, fueron detenidos tres hombres y una mujer, todos mayores de edad, que quedaron a disposición de la Justicia. En los procedimientos se secuestraron cuatro motocicletas que habrían sido sustraídas recientemente, diversas motopartes que se presume estaban listas para ser comercializadas en el mercado ilegal, un arma de fuego y otros elementos relevantes para la causa. Los peritos trabajaron en la identificación de números de chasis, motores y componentes adulterados, con el fin de vincular el material incautado con las denuncias en trámite.
Los investigadores sostienen que la banda operaba principalmente en horarios nocturnos y actuaba sobre motocicletas estacionadas en la vía pública o en domicilios sin medidas de seguridad reforzadas. Una vez concretado el robo, los vehículos eran ocultados en casas del entorno cercano para su posterior desarme o venta rápida. Este tipo de maniobra, habitual en organizaciones dedicadas al mercado ilegal de repuestos, suele dificultar la recuperación de las motos si no se actúa a tiempo.
La labor policial no solo se concentró en la identificación de los responsables, sino también en el análisis del circuito de distribución de las motopartes. Se presume que parte del material incautado estaba destinado a talleres o compradores informales que alimentan un circuito paralelo de repuestos, un fenómeno que se repite en distintas provincias del país y que complica la trazabilidad de los vehículos robados.
Vecinos de la zona sudeste habían manifestado preocupación en las últimas semanas por el incremento de hechos delictivos vinculados a motos, un medio de transporte fundamental para trabajadores, estudiantes y familias de la ciudad. Para muchos, perder una moto implica un golpe económico difícil de afrontar, por lo que cada avance en este tipo de investigaciones representa un alivio para quienes dependen de estos vehículos todos los días.
La intervención de la Fiscalía Penal 5 y el acompañamiento del Juzgado de Garantías 1 permitieron avalar las medidas necesarias para el avance del caso. Ambos organismos judiciales supervisaron el cumplimiento de los procedimientos y las detenciones, garantizando el resguardo de pruebas y el debido proceso. En los próximos días se definirá la imputación formal de los acusados y se analizará el material secuestrado para determinar el alcance de la organización y su posible participación en otros hechos delictivos.
Los resultados del operativo fueron valorados por los equipos que trabajan en la prevención del robo de motos, una problemática que las autoridades buscan abordar con estrategias combinadas: mayor presencia policial, sistemas de alerta temprana, campañas de registro vehicular y articulación con municipios y organismos de control. También se refuerza la recomendación a los propietarios de incorporar medidas de seguridad adicionales, como trabas, alarmas o estacionamiento en zonas iluminadas.
