El próximo 3 de noviembre comenzará un juicio oral clave para la historia reciente de Pichanal, en el departamento de Orán, Salta. El protagonista es Julio Jalit, actual intendente y figura central de una trama judicial que involucra millonarios fondos públicos, delitos ambientales y una red de complicidades tejida a lo largo de más de 15 años en el poder.
La causa, que se gestó durante una prolongada investigación del Ministerio Público Fiscal, también alcanza a otras ocho personas, entre ellos exfuncionarios municipales, familiares y allegados al jefe comunal. Todos enfrentarán cargos por delitos contra la administración pública.
Julio Jalit fue intendente de Pichanal durante cuatro mandatos consecutivos entre 2003 y 2019, y volvió a asumir el cargo recientemente. Su figura, aunque conocida en el ámbito político salteño, ganó notoriedad nacional años atrás por una frase que generó indignación: "No es necesario saber leer para hacer política".
Hoy, su nombre vuelve a los titulares, pero por razones mucho más graves. Las acusaciones en su contra van desde fraude a la administración pública hasta contaminación ambiental, pasando por peculado de servicios, negociaciones incompatibles y enriquecimiento ilícito.
Según la imputación fiscal, muchos de estos delitos fueron cometidos de manera organizada y sistemática, lo que refuerza la hipótesis de una estructura de corrupción sostenida en el tiempo.
El Tribunal de Juicio de Orán fijó las audiencias para el 3 al 25 de noviembre. El proceso contará con la participación de 33 testigos y estará a cargo de un tribunal conformado por los jueces Aldo Primucci (presidente), Norma Roxana Palomo y María Laura Toledo Zamora.
La acusación será dirigida por el fiscal Carlos Salinas, especialista en delitos económicos y causas complejas. La defensa de Jalit estará encabezada por los abogados Hernán Cuneo y Juan Pablo Lemir, quienes ya adelantaron que intentarán desestimar las acusaciones por supuesta falta de pruebas directas.
La investigación judicial reveló presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos, contrataciones con empresas vinculadas a familiares, pagos por servicios inexistentes, y un preocupante daño ambiental por el manejo de residuos y recursos municipales.
Uno de los puntos más delicados es el enriquecimiento patrimonial del intendente, que según la causa, no podría justificarse con sus ingresos como funcionario público. La fiscalía habla de un "esquema de beneficios personales a costa del Estado municipal".
Entre los coimputados se encuentran exsecretarios del municipio, encargados de compras, familiares con funciones en áreas clave y personas que habrían actuado como prestanombres en operaciones fraudulentas.
El caso Jalit no solo impacta en la política local. También pone en foco la falta de controles en muchos municipios del norte argentino, donde durante años el poder se ejerció sin transparencia ni rendición de cuentas.
Vecinos de Pichanal y referentes sociales reclaman que el juicio sea público y transparente. En redes sociales, el hashtag #JuicioAJalit ya comenzó a circular con fuerza, exigiendo justicia y el fin de la impunidad en la política local.
"Queremos saber qué pasó con nuestra plata, con nuestros servicios, con nuestro futuro", expresó un vecino en una radio local.
Aunque el juicio aún no comenzó, el peso de las pruebas reunidas y la magnitud de los cargos hacen que el caso Jalit sea considerado uno de los más importantes en la historia judicial de Salta. De ser hallado culpable, el intendente podría enfrentar penas de prisión efectiva e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Este proceso no solo pondrá a prueba la independencia del Poder Judicial, sino también la capacidad de los ciudadanos para exigir transparencia y rendición de cuentas a sus representantes.
El juicio contra Julio Jalit puede marcar un precedente. Muchos ven en este caso una oportunidad para que otras causas de corrupción en municipios pequeños, muchas veces olvidadas por los grandes medios, salgan a la luz.
