Una tragedia sacudió este domingo al departamento Anta, donde una explosión seguida de un incendio en un campamento de trabajadores rurales dejó como saldo la muerte de un hombre de 36 años y varios heridos. El hecho ocurrió en el Centro 25 de Junio, una zona de intensa actividad agropecuaria ubicada entre caminos rurales y campos de producción, donde numerosos empleados temporarios residen mientras cumplen tareas estacionales.
La fiscal penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, quedó a cargo de la investigación. Apenas se tomó conocimiento del siniestro, personal policial, bomberos y equipos de emergencia se desplazaron al lugar para controlar el fuego, asistir a las víctimas y resguardar el campamento, que quedó severamente afectado por las llamas.
El trabajador fallecido, oriundo de Río del Valle, fue identificado por sus compañeros. Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, el hombre perdió la vida en medio del incendio y su cuerpo fue sometido posteriormente al examen cadavérico correspondiente antes de ser entregado a sus familiares. La magnitud del fuego impidió cualquier maniobra de rescate dentro de las estructuras afectadas, lo que agrava aún más el drama vivido por el grupo de empleados rurales.
Otro de los trabajadores, un hombre de 39 años, sufrió heridas leves y fue derivado al hospital de Joaquín V. González, donde recibió atención médica. Mientras tanto, el resto de los compañeros logró evacuar el campamento a tiempo, aunque algunos presentaron quemaduras menores y síntomas de intoxicación por inhalación de humo. La rápida intervención de los servicios de emergencia fue clave para evitar un saldo aún más trágico.
De acuerdo con las primeras averiguaciones que manejan los investigadores, el incendio se habría originado a partir de una fogata que los propios empleados encendieron en las inmediaciones del campamento. Según testimonios preliminares, el fuego quedó demasiado cerca de las estructuras del lugar, que incluían dos habitaciones, un comedor y un depósito donde se almacenaba combustible. La presencia de este material inflamable generó una propagación instantánea de las llamas, lo que explicaría tanto la explosión inicial como la velocidad con la que el fuego consumió gran parte del predio.
La empresa agropecuaria que administra el campamento dio aviso inmediato a las autoridades cuando percibió la magnitud del incendio. En cuestión de minutos arribaron al lugar efectivos del Destacamento Policial 25 de Junio, personal de la División Seguridad Urbana 5 y miembros de la Sección Técnica de Bomberos 5. Las dotaciones trabajaron de manera coordinada para sofocar el fuego, controlar el perímetro y evitar que las llamas avanzaran hacia zonas con vegetación seca, un riesgo latente en este período del año en la región.
A partir del control del siniestro, la fiscalía dispuso una serie de medidas orientadas a determinar con precisión el origen del fuego y establecer eventuales responsabilidades. Entre ellas se encuentran la inspección ocular y el peritaje técnico del sector donde se inició el incendio, el secuestro de restos vinculados al foco ígneo y la toma de muestras para análisis laboratorial. También se realizó un relevamiento fotográfico y planimétrico de todo el campamento, con el objetivo de reconstruir la dinámica del hecho y comprender cómo se propagaron las llamas.
Las declaraciones testimoniales serán otro elemento central en la investigación. La fiscal García Pisacic ordenó entrevistar a todos los trabajadores que se encontraban en el lugar al momento del siniestro, así como al personal de la empresa que administra el predio. La intención es obtener un panorama completo sobre las condiciones en las que vivían los empleados, las medidas de seguridad vigentes y el manejo del depósito de combustible, considerado un punto crítico dentro del esquema del campamento.
También se solicitará documentación vinculada a las condiciones laborales de los trabajadores, los protocolos de prevención de incendios en campamentos rurales y los registros sobre almacenamiento de materiales inflamables. Este punto será clave para determinar si existían medidas de seguridad adecuadas o si hubo negligencia en la manipulación y resguardo del combustible.
El incendio, además de cobrar una vida, dejó al descubierto una problemática recurrente en varios sectores rurales de la provincia: la precariedad de algunos campamentos donde residen trabajadores temporarios. En estas estructuras, muchas veces levantadas de manera provisoria, suelen convivir cocinas improvisadas, calefacción precaria y depósitos de materiales sensibles al fuego, lo que incrementa el riesgo de siniestros en zonas alejadas de centros urbanos.
Mientras avanza la investigación, las autoridades buscan determinar si la fogata fue una práctica habitual entre los trabajadores —algo común en campamentos rurales, especialmente para cocinar o generar calor en las noches frescas— o si hubo algún descuido puntual que desencadenó la explosión. En cualquier caso, la presencia de un depósito de combustible cercano parece haber sido el factor decisivo que transformó una actividad cotidiana en una tragedia.
El Departamento Anta, al igual que otras zonas agrícolas de Salta, alberga numerosos campamentos similares durante los períodos de cosecha o trabajos de mantenimiento, lo que vuelve indispensable reforzar los controles, capacitaciones y protocolos de seguridad. Desde la fiscalía no descartan profundizar las investigaciones sobre las condiciones estructurales del predio y evaluar si la empresa cumplía con toda la normativa requerida para este tipo de instalaciones.
Por el momento, el dolor atraviesa a la comunidad rural del Centro 25 de Junio, que perdió a uno de sus trabajadores en un hecho que podría haberse evitado. Los familiares del hombre fallecido ya realizaron las primeras ceremonias de despedida, mientras esperan avances concretos en la investigación para comprender cómo ocurrió el siniestro que les arrebató a un ser querido.
El caso seguirá bajo la órbita de la fiscal García Pisacic, quien dispuso que todas las pericias sean realizadas con la mayor celeridad posible. Los resultados permitirán establecer si se trató de un accidente derivado de un descuido o si hubo fallas estructurales o de seguridad que ameriten imputaciones. Lo cierto es que la tragedia en Anta vuelve a poner en agenda la necesidad de revisar las condiciones de trabajo y vivienda en los campamentos rurales de Salta, para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.
