La causa que mantiene en vilo a la opinión pública involucra a más de veinte personas: funcionarios del Servicio Penitenciario, internos de la Unidad Carcelaria 1 y familiares. Se investiga una red narcocriminal que habría operado desde el interior del penal con la complicidad de agentes penitenciarios.
Durante el juicio, la exdirectora general del Servicio Penitenciario, Carina del Valle Torres, brindó un extenso testimonio ante el Tribunal. Torres fue quien denunció los hechos tras asumir el cargo en abril de 2022, cuando detectó graves irregularidades en la administración del penal.
Según explicó, recibió alertas del jefe de Inteligencia del Servicio sobre beneficios penitenciarios otorgados sin cumplir los procedimientos legales, como salidas anticipadas sin informes técnicos ni actas del Consejo Correccional.
Uno de los datos más alarmantes surgidos del juicio es el hallazgo de armas caseras —conocidas como “puntas carcelarias”— dentro de la oficina de un jefe penitenciario, en lugar de la Oficina de Sumarios, donde deben guardarse por razones de seguridad.
Estas armas, fabricadas por los propios internos, suelen utilizarse en enfrentamientos dentro del penal. Pero lo más grave es que formaban parte de un sistema de “negociación” entre internos y funcionarios: se cambiaban por favores, celulares o incluso drogas.
También se investigan maniobras de coimas para mejorar las calificaciones de conducta de los reclusos, lo que les permitiría acceder a beneficios penitenciarios a cambio de dinero.
Uno de los episodios más insólitos revelados durante el juicio fue el ingreso de pizzas a la cárcel, a través de un delivery. La comida habría sido pedida por el jefe de pabellón Bisceglia, quien la entregó a un interno.
Este hecho fue documentado en un video de seguridad que ya está en poder de la Fiscalía. Las imágenes muestran el recorrido de las cajas de pizza dentro del penal, hasta llegar al pabellón K, donde un interno las retira como si fuera un pedido común y corriente.
Según el jefe del Departamento de Inteligencia, Reynaldo Herrera, esta escena fue una de las tantas irregularidades reportadas a la Dirección General. Durante su declaración, aclaró que con la gestión anterior los informes eran verbales, pero con la llegada de Torres se exigió que todo quedara documentado por escrito.
Además del ingreso de comida, celulares y drogas, los testimonios dan cuenta de cómo algunos oficiales intentaban burlar los controles de seguridad para introducir elementos prohibidos.
Torres detalló que, aunque existen escáneres y detectores de metales para controlar el ingreso y egreso del personal y las visitas, las fallas técnicas y la falta de contacto físico durante las requisas facilitaban el ingreso de objetos ilegales.
“Si un escáner se rompe, la reparación depende de técnicos que vienen desde Buenos Aires. Eso puede demorar hasta seis meses”, explicó, evidenciando la fragilidad estructural del sistema de control penitenciario.
La exdirectora declaró que presentó la denuncia en la Unidad de Delitos Económicos Complejos tras comprobar el alcance de las irregularidades. Asegura que lo hizo en estricta reserva, incluso sin informar a sus superiores, salvo al ministro de Seguridad y al subsecretario de Políticas Penales.
“Todo esto me perjudicó”, confesó, al referirse a las investigaciones posteriores que se abrieron en su contra luego de exponer la red de corrupción.
Gracias a su testimonio y al trabajo del área de Inteligencia, hoy ocho funcionarios del Servicio Penitenciario están acusados de exacciones ilegales agravadas, venta de drogas en el penal y participación en una asociación ilícita.
El proceso judicial avanza con nuevas declaraciones que se esperan clave. El tribunal, integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar, retomará las audiencias en los próximos días con la exhibición de pruebas, como el polémico video del ingreso de pizzas.
Mientras tanto, el caso sigue generando indignación en la sociedad y abre interrogantes profundos sobre el control del sistema penitenciario en la Argentina. ¿Cuántas redes como esta pueden estar funcionando sin ser detectadas?
La situación en la Unidad Carcelaria 1 expuso un sistema plagado de fallas estructurales y complicidades internas. Desde armas improvisadas hasta beneficios otorgados sin controles, pasando por corrupción de funcionarios y el ingreso de droga, el juicio deja en evidencia una red que operaba con total impunidad.
Para muchos, lo ocurrido no solo es un escándalo carcelario, sino un reflejo del deterioro institucional que necesita atención urgente.
