Una organización criminal que manejaba la venta de drogas y cobraba “favores” desde el penal de Villa Las Rosas, en Salta, está siendo juzgada en un proceso que promete revelar el lado más oscuro del sistema penitenciario argentino. Veinte personas están imputadas, entre ellas agentes del Servicio Penitenciario, internos y familiares. La magnitud del caso obligó a la Justicia a tomar decisiones extraordinarias, como proteger la identidad de los testigos y limitar el contacto con los acusados.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, esta red operaba con total coordinación desde la Unidad Carcelaria N.º 1 de Salta. Lo que debía ser un centro de rehabilitación y control, terminó convertido en una base de operaciones para el narcotráfico. La organización no solo comercializaba drogas, sino que también cobraba “pagos” ilegales a cambio de favores, dentro y fuera del penal.
De los 20 acusados, ocho son funcionarios penitenciarios. La acusación en su contra es grave: facilitar el ingreso de estupefacientes, coordinar operaciones con los internos y utilizar sus cargos para beneficio personal. También hay reclusos y familiares involucrados, lo que demuestra el alcance de la red criminal.
La Sala VII del Tribunal de Juicio del Distrito Centro, encabezada por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar, dio inicio al juicio esta semana. Lo más llamativo fue la decisión de resguardar a testigos en situación de vulnerabilidad, debido al temor de represalias.
Estas medidas de protección incluyen:
- Ocultar la identidad de los testigos.
- Desalojar a los imputados de la sala durante las declaraciones.
- Impedir contacto visual o físico entre testigos y acusados.
- Proveer seguridad incluso después de finalizado el proceso.
La defensa protestó por esta decisión, alegando que viola el derecho de los imputados a conocer los testimonios. Sin embargo, el tribunal permitió que los abogados se reúnan con sus clientes luego de cada testimonio para informarlos y eventualmente repreguntar.
Durante la primera jornada, seis acusados tomaron la palabra. Un exagente penitenciario reconoció haber recibido una transferencia de un interno, pero afirmó que era una devolución por la compra de materiales para un taller de carpintería. Otro agente, Francisco Arturo Bisceglia, negó todos los cargos y dijo ser víctima de una persecución laboral por parte de sus superiores.
También hablaron dos mujeres imputadas por comercialización de drogas. Una de ellas explicó que hizo transferencias a su expareja preso por violencia de género para que pudiera recibir comida y ropa. La otra argumentó que su hermano tenía acceso a su cuenta bancaria y desconocía el origen del dinero.
Hacia el final del día, la sala fue desalojada. Cuatro testigos protegidos declararon bajo estrictas medidas de seguridad. Sus testimonios revelaron detalles del funcionamiento interno de la red: desde cómo se distribuía la droga hasta los “favores” cobrados a cambio de protección o beneficios dentro del penal.
¿Quiénes son los acusados?
El juicio involucra a 20 personas, acusadas de delitos como venta de estupefacientes agravada, exacciones ilegales y asociación ilícita.
Funcionarios penitenciarios imputados:
Sergio Faustino Moya
Francisco Arturo Bisceglia
José Luis Alarcón
Marcos Matías Bucotich García
Raúl Antonio Arjona
Marcelo Olguín Magno
Rubén Antonio Guaymás
Baldomero Darío Córdoba
Todos enfrentan cargos vinculados a facilitar o participar activamente en la red de narcotráfico desde sus puestos en el penal.
Internos y allegados:
Luis Roberto Castaño
Manuel Méndez
María Inés Méndez
Héctor Gustavo Banega
Ivana Marcela Gutiérrez
Nicole Judith Ana Luna
Yanina Alejandra Chaju
Patricia Daiana Del Rosario Flores
Silvana Valeria Avendaño
María Cristina Galindo
Josué Joel Valencia
Andrea Abigail Alba
La mayoría enfrenta cargos por comercialización de estupefacientes agravada y asociación ilícita, lo que implica penas más severas.
Este proceso judicial va más allá de los acusados individuales. Deja en evidencia graves fallas estructurales en el sistema penitenciario: corrupción interna, falta de controles efectivos y una red de complicidades que permitió que un penal se convierta en un centro logístico del narcotráfico.
El hecho de que se requieran testigos protegidos dentro de un juicio por hechos cometidos desde una cárcel pone en jaque la seguridad institucional del sistema penitenciario salteño, y plantea interrogantes que merecen respuestas urgentes.
