El Tribunal Oral Federal N°2 se encuentra analizando el recurso presentado por Cristina Fernández de Kirchner para dejar sin efecto la orden de ejecución sobre sus bienes dictada en el marco de la causa Vialidad. La definición, según trascendió, podría conocerse entre hoy y mañana, y mantiene en vilo a la escena política y judicial del país.
En su presentación, la exmandataria volvió a poner en duda el método utilizado por el cuerpo de peritos de la Corte Suprema para calcular el monto que debe restituir al Estado. Según su planteo, la cifra fue adoptada “como definitiva sin debate previo”, lo que —a su entender— vulnera su derecho de defensa y el principio de juez natural.
Cristina Kirchner también argumentó que no posee bienes que puedan ser decomisados para cumplir con la orden judicial. “No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado, ni bienes o ganancias que sean el producto de ese episodio”, sostuvo en el escrito, donde remarcó que su evolución patrimonial “es absolutamente legítima”, al igual que la del resto de su familia.
La líder del Partido Justicialista, quien cumple condena en prisión domiciliaria, insistió en que su patrimonio ha sido objeto de investigaciones judiciales previas que no encontraron irregularidades y que ya cuentan con sentencias firmes.
El pedido presentado ante la Cámara de Casación por su abogado, Carlos Beraldi, cuestiona especialmente la decisión de los peritos de aplicar el índice de precios al consumidor del INDEC para calcular el monto a devolver. La defensa considera que ese criterio genera valores “artificialmente altos”, que se alejan de los precedentes judiciales y resultan técnicamente inadecuados.
Beraldi recordó que en otros expedientes vinculados a la causa Vialidad, como Hotesur y Los Sauces, se utilizó la tasa pasiva del Banco Nación para el cálculo, lo que arrojaría —según sus estimaciones— cifras hasta cien veces menores a las determinadas en este caso. Por eso, planteó que la medida de decomiso debería suspenderse hasta que se fije un monto definitivo mediante sentencia firme.
La causa Vialidad, que investigó presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública durante los gobiernos kirchneristas, derivó en una condena contra la expresidenta que incluyó la restitución de sumas millonarias. El debate actual se centra precisamente en el alcance de esa ejecución y en el procedimiento utilizado para determinarla.
Mientras el Tribunal Oral Federal 2 delibera, el fallo que emita en las próximas horas podría tener impacto no solo en el patrimonio de la expresidenta, sino también en el desarrollo de otras causas de alto perfil político y económico que se encuentran en curso.
