En una encendida intervención durante la sesión de ayer en la Cámara de Diputados, el legislador Juan Esteban Romero acusó a la presidenta de su bloque, Socorro Villamayor, de obstaculizar deliberadamente el tratamiento de su proyecto de ley, presentado en noviembre de 2024, que busca establecer controles toxicológicos obligatorios para todos los funcionarios públicos, desde legisladores y secretarios hasta el propio gobernador.
La iniciativa, concebida como una herramienta clave para combatir el narcotráfico desde las entrañas del poder político, enfrenta fuertes resistencias que, según Romero, responden a intereses políticos más que a razones institucionales.
Con tono firme, Romero denunció una maniobra sistemática para mantener su propuesta fuera del temario parlamentario. “Se me está coartando el ejercicio pleno de mis funciones como legislador. Hace dos semanas acordamos que este proyecto se trataría en esta sesión. No hay excusas reglamentarias ni institucionales; lo que hay es una decisión política de bloquearlo”, afirmó, apuntando directamente a Villamayor como responsable de la exclusión.
El proyecto, que podría generar un precedente inédito en la lucha contra las adicciones y el narcotráfico en la función pública, ha desatado un debate polarizado. Sus detractores, aunque evitan pronunciarse abiertamente, parecen temer las implicancias de una medida que pondría bajo escrutinio a toda la clase política.
En respuesta, Villamayor optó por cuestionar la capacidad del diputado para navegar los procedimientos legislativos. “Lamento que, tras cuatro años, el diputado Romero aún no comprenda la metodología ni haya logrado el consenso necesario para tratar su proyecto”, declaró, en un intento de desviar las críticas hacia la supuesta inexperiencia del legislador.
Romero, sin embargo, no cedió terreno y calificó la negativa a debatir la iniciativa como “lo más grave” del episodio, subrayando que el bloqueo no solo frustra una política pública innovadora, sino que también erosiona la transparencia y el compromiso ético que la ciudadanía exige de sus representantes.
El enfrentamiento deja en evidencia las tensiones internas en el bloque y plantea interrogantes sobre los verdaderos motivos detrás de la resistencia a una medida que, de aprobarse, podría transformar el estándar de integridad en la función pública.
