El Concejo Deliberante de Salta se reúne hoy a las 17 en una sesión especial para abordar el escándalo que sacude a la política local: la situación del exconcejal Pablo López, acusado de extorsión sexual, retención de haberes y violencia de género.
La controversia, desatada por audios comprometedores que se viralizaron en redes sociales, generó una crisis institucional que pone en jaque a La Libertad Avanza, el partido que López representaba hasta su reciente expulsión.
Un debate clave en el Concejo Deliberante
La sesión, convocada por el presidente del Concejo, Darío Madile, busca resolver un dilema central: aceptar la renuncia que López presentó el 17 de julio o avanzar con un proceso de exclusión, una sanción que requiere la formación de una comisión de disciplina y una votación con mayoría agravada (dos tercios) en el recinto. Según Madile, el procedimiento de exclusión es el mecanismo previsto por el Reglamento Interno para casos como este, ya que la Carta Orgánica municipal limita el juicio político a intendentes y jueces.
Sin embargo, la renuncia de López abrió un debate jurídico. Algunas voces dentro del Concejo sostienen que los ediles no tienen la potestad de aceptar o rechazar la dimisión de un colega, lo que genera incertidumbre sobre el rumbo que tomará la sesión. “Si se acepta la renuncia, se notifica al Tribunal Electoral. Si no, se inicia el proceso de sanción”, explicó Madile, dejando en claro que el desenlace de hoy será decisivo.
El escándalo que conmocionó a Salta
El caso de Pablo López explotó tras la difusión de audios explícitos en los que, según la denuncia, el exconcejal exigía favores sexuales a una militante de su partido a cambio de condonar una supuesta deuda salarial. La víctima, identificada como Estela Méndez Valero, es una convencional municipal electa de La Libertad Avanza y expareja de López. La denuncia, presentada ante la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, incluye cargos por violencia sexual, psicológica, física y económica, y derivó en la entrega de un botón antipánico para proteger a la denunciante.
La filtración de los audios, que se difundieron inicialmente a través de FM Infinito 96.5 y el periodista Daniel Murillo, generó un fuerte impacto en la opinión pública. En uno de los fragmentos más comprometedores, López habría dicho: “Por cada chupada de pito te descontaba 10 mil pesos”, en respuesta al reclamo de la víctima por la retención de parte de su sueldo. Este contenido, de tono explícito y violento, desató repudio generalizado y aceleró las consecuencias políticas y judiciales para el exconcejal.
La reacción de La Libertad Avanza
La Libertad Avanza, espacio liderado a nivel nacional por Javier Milei, reaccionó rápidamente al escándalo. La diputada nacional Emilia Orozco anunció la expulsión inmediata de López del partido, subrayando que “no encubrimos a nadie” y que el exconcejal debía responder ante la Justicia. La decisión fue acompañada por un comunicado oficial que buscó marcar distancia con López, quien hasta entonces era una figura clave del espacio en Salta, al haber sido el concejal más votado de la fuerza en las últimas elecciones.
A pesar de su renuncia, el caso no está cerrado. López enfrenta una investigación judicial en curso, y el Ministerio de Educación provincial inició un sumario administrativo para suspenderlo preventivamente de sus funciones como docente. Además, la controversia expuso los vínculos políticos del exconcejal: su padre, Raúl Fernando López, y su expareja, la denunciante Méndez Valero, integran la lista de convencionales municipales electos de La Libertad Avanza, lo que agrega una capa de complejidad al escándalo.
Un debate con implicancias institucionales
La sesión de hoy no solo definirá el destino político de López, sino que también pondrá a prueba la capacidad del Concejo Deliberante para manejar una crisis de esta magnitud. Algunos ediles, como Gustavo Farquharson, proponen no aceptar la renuncia sin antes avanzar con un proceso de exclusión que sancione institucionalmente la conducta de López. Otros consideran que aceptar la dimisión sería el camino más expeditivo para cerrar el capítulo y evitar mayores tensiones.
El caso también reavivó el debate sobre la ética en la política salteña. La diputada provincial Mónica Juárez se refirió al escándalo con dureza, exigiendo que se aplique “la misma vara para todos” y cuestionando el doble estándar en el tratamiento de casos similares. Mientras tanto, el Ejecutivo municipal expresó su solidaridad con la denunciante y pidió celeridad a la Justicia para esclarecer los hechos.
