La propuesta del diputado David Leiva de Salta para prohibir los cigarrillos electrónicos y vapeadores, mediante la modificación de la Ley Provincial N° 7631, es un ejemplo claro de oportunismo político que traiciona los intereses del pueblo al que dice representar. Es más, el proyecto parece ser funcional a las tabacaleras.
En lugar de abordar los problemas reales con políticas basadas en evidencia, Leiva opta por un prohibicionismo ciego que ignora la ciencia y restringe las libertades individuales, todo mientras se alinea con una narrativa alarmista que beneficia más a su imagen, a Las grandes Tabacaleras, que a la salud pública.
Primero, la iniciativa de Leiva desecha la evidencia científica que demuestra que los vapeadores son una alternativa significativamente menos dañina que el tabaco tradicional. Estudios internacionales, como los de Public Health England, han establecido que los cigarrillos electrónicos son hasta un 95% menos perjudiciales y han sido clave para que millones de fumadores abandonen el tabaco combustible.
En un país como Argentina, donde el tabaquismo sigue siendo una de las principales causas de muerte evitable, prohibir una herramienta de reducción de daños es no solo miope, sino directamente contraproducente. Leiva, con su cruzada, empuja a los fumadores a seguir consumiendo cigarrillos tradicionales o, peor aún, a recurrir al mercado negro, donde los productos no regulados representan un riesgo mucho mayor.
Segundo, esta propuesta apesta a hipocresía y doble moral. Mientras Leiva demoniza los vapeadores, el tabaco tradicional, que mata a miles de argentinos cada año, sigue siendo legal y ampliamente comercializado en Salta y todo el país. ¿Por qué no enfocar su energía en regular mejor la industria tabacalera, que tiene un impacto devastador en la salud? Su silencio al respecto sugiere que su preocupación no es la salud pública, sino el rédito político de subirse a una causa populista que suena bien en titulares pero carece de sustancia. Es más fácil atacar a los vapeadores, un blanco relativamente nuevo, que enfrentarse a los gigantes del tabaco con intereses arraigados.
Tercero, Leiva ignora el impacto económico y social de su propuesta. En Salta, donde la economía ya enfrenta desafíos, prohibir los cigarrillos electrónicos afecta a pequeños comercios y emprendedores que dependen de su venta, sin mencionar a los usuarios que los utilizan como alternativa para dejar de fumar. En lugar de promover regulación inteligente que controle la calidad y restrinja el acceso a menores, Leiva opta por una solución totalitaria que fomenta el mercado negro, como ya se ha visto en países con prohibiciones similares, como México. Esto no solo no reduce el consumo, sino que enriquece a redes criminales, algo que un diputado debería prever si realmente le importara el bienestar de su provincia.
Finalmente, la retórica de Leiva, que califica al vapeo como un retroceso en la lucha contra el tabaquismo, es pura demagogia. En lugar de educar a la población con datos reales y promover políticas de reducción de daños, prefiere el camino fácil del prohibicionismo, sacrificando la libertad de los adultos para elegir y perpetuando un enfoque paternalista que subestima a los ciudadanos. Este tipo de liderazgo, que antepone la pose moralista a las soluciones prácticas, no merece el título de representación popular. Leiva no es un defensor del pueblo; es un oportunista que, con esta propuesta, le da la espalda a la ciencia, la libertad y el sentido común.
