El intento de un grupo de empresarios y exfuncionarios de evitar el juicio por la causa Cuadernos con el pago de sumas millonarias recibió este viernes un duro revés. La fiscal general Fabiana León rechazó de manera categórica las propuestas económicas, en una audiencia virtual convocada para que las defensas expusieran sus argumentos.
El Tribunal Oral Federal 7, integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, escuchó a las partes en el marco de una presentación realizada por casi 50 de los 174 procesados. La defensa de los empresarios planteó que estaban dispuestos a abonar cifras que en algunos casos superan los 800 millones de pesos, con el objetivo de quedar fuera del debate que tiene previsto comenzar el 6 de noviembre.
Sin embargo, León fue contundente: “Esta fiscalía no vende impunidad, señores jueces”, expresó durante su intervención. La fiscal sostuvo que aceptar ese mecanismo implicaría desnaturalizar el proceso judicial y dejar sin respuesta a los hechos que, según la acusación, configuran una trama de corrupción de gran escala.
Entre los ofrecimientos más relevantes estuvo el de Juan Abal Medina, exjefe de Gabinete durante la gestión kirchnerista, quien propuso abonar 60 millones de pesos para evitar sentarse en el banquillo de los acusados. La UIF, que actúa como querellante en la causa, también rechazó de plano estas propuestas. Incluso el chofer Oscar Centeno, autor de los cuadernos que dieron origen a la investigación, se mostró en la misma línea.
El tribunal deberá resolver el próximo martes si acepta o rechaza definitivamente los planteos, aunque todo indica que los ofrecimientos serán descartados y los imputados deberán afrontar el juicio.
El proceso judicial que se avecina es de dimensiones inéditas. Con 174 procesados, 30 de ellos en calidad de arrepentidos, 26 calificaciones legales diferentes según el rol de cada acusado y más de 540 hechos investigados, se prevé que el debate oral tenga una extensión de entre 10 y 20 años. El cronograma contempla audiencias semanales y la participación de más de 600 testigos, lo que anticipa un juicio largo y complejo que podría atravesar varias instancias de apelación hasta llegar a la Corte Suprema.
En el centro de la acusación aparece la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, señalada como jefa de una asociación ilícita que habría recaudado fondos ilegales a través de la obra pública y el pago de sobornos. El inicio del juicio está fijado para el 6 de noviembre y promete convertirse en uno de los procesos más trascendentes de la historia judicial argentina.
Con la fiscalía y la UIF firmes en su postura, los empresarios y exfuncionarios deberán prepararse para enfrentar un debate que, más allá de su duración, pondrá bajo la lupa el entramado de relaciones entre política y negocios que marcó a fuego una de las causas de corrupción más resonantes de las últimas décadas.
