En una resolución que impacta de lleno en el peronismo, la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini, declaró la nulidad de la intervención del Partido Justicialista Distrito Salta, dispuesta por el Consejo Nacional del PJ el pasado 24 de febrero.
El fallo, considera que la decisión del órgano nacional fue arbitraria, sin causa justa ni competencia legal, y deja sin efecto el desplazamiento de la conducción partidaria encabezada por Esteban Amat Lacroix, quien había sido electo para el período 2023-2027.
“No se advierte en el análisis hecho por el Consejo Nacional Federal la existencia de anormalidades institucionales ni incumplimientos legales que justifiquen una intervención”, sostiene el dictamen, que también remarca que solo el Congreso Nacional del partido está habilitado para disponer una medida de ese tipo.
“Resulta evidente que no se advierten conflictos o anormalidades institucionales en el distrito Salta que justifiquen una intervención”, agregó Servini en su resolución.
Resulta que el e Consejo Nacional había justificado su decisión en la conducta de legisladores salteños que votaron distinto al bloque de Unión por la Patria en el Congreso, lo cual, según la jueza, no constituye causal de intervención ni afecta el funcionamiento democrático del partido.
El fallo también indicó que la intervención debió haber sido resuelta por el Congreso Nacional partidario y no por el Consejo, reforzando así el carácter arbitrario de la decisión.
La resolución se conoce en un momento político particularmente sensible para el PJ nacional, que este mismo martes estaba previsto tratar el tema de la intervención de Salta en un zoom con todo el congreso del PJ. Otros de los distritos que también había sido intervenidos son el de Jujuy y Misiones.
Con este dictamen, se restituyó a las autoridades partidarias salteñas elegidas en 2023 para el período 2023-2027, y se notificó al Juzgado Federal con competencia electoral en la provincia para garantizar su cumplimiento.
Amat Lacroix había denunciado que la intervención “respondía a motivaciones políticas oscuras” y acusó al Consejo Nacional de buscar disciplinar a las provincias que no se alinearon con la conducción central durante las últimas elecciones. También apuntó directamente contra el diputado nacional Emiliano Estrada, quien habría promovido la medida tras señalar que el PJ salteño “se había torcido” políticamente.
En el escrito presentado ante la Justicia, Amat defendió la legalidad y el funcionamiento institucional del partido en Salta, y reclamó que no existían motivos válidos para la intervención. La jueza coincidió: el solo hecho de que legisladores electos por el PJ hayan votado distinto en el Congreso no constituye causal para intervenir una estructura partidaria provincial.
La resolución judicial ya fue notificada al Juzgado Federal con competencia electoral en Salta y resta ahora ver si el PJ Nacional apelará o intentará recomponer el vínculo con la dirigencia provincial.
