El presidente Javier Milei firmó este miércoles el veto a la ley de financiamiento universitario y lo remitió al Congreso, donde la oposición analiza si intentará rechazarlo en una sesión especial prevista para el próximo miércoles.
La iniciativa había sido aprobada a principios de agosto en Diputados con 158 votos a favor, una mayoría amplia pero insuficiente para alcanzar los dos tercios necesarios para evitar un veto presidencial. En caso de insistir, la oposición deberá reunir esa mayoría especial para poder revertir la decisión del Ejecutivo.
La ley vetada había sido impulsada por el radicalismo disidente de Democracia para Siempre, junto con los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Establecía que los gastos de funcionamiento de las universidades, los hospitales universitarios y las partidas para investigación se actualizaran automáticamente según la inflación. Además, ordenaba convocar a paritarias en un plazo de tres meses para recomponer los salarios de docentes y no docentes y aumentar las becas, entre otras medidas.
Desde la Casa Rosada argumentaron que el proyecto implicaba un costo fiscal “inaceptable” y que podría poner en riesgo el superávit fiscal, considerado un pilar central del plan económico de la gestión Milei.
En la misma sesión especial de agosto también se aprobaron la declaración de emergencia en pediatría, por la crisis del Hospital Garrahan, y el reparto automático con las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Estos dos proyectos también enfrentarán vetos presidenciales, aunque todavía no fueron remitidos al Congreso; el plazo para hacerlo vence este jueves.
El veto presidencial desató un nuevo capítulo en la discusión sobre financiamiento educativo en Argentina, mientras el oficialismo defiende su estrategia fiscal y la oposición busca alternativas para garantizar recursos estables para las universidades y los trabajadores del sector.
