El Gobierno de Salta oficializó, mediante el Decreto Nº 301, la designación del Dr. Pablo López Viñals como nuevo juez de la Corte de Justicia de la provincia, un nombramiento que culmina un proceso iniciado con la aprobación del Senado salteño el 29 de mayo.
Si bien el acto administrativo, refrendado por el gobernador Gustavo Sáenz, el ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, y la secretaria General de la Gobernación, Matilde López Morillo, cumple con los requisitos establecidos en los artículos 101 y 156 de la Constitución Provincial, la elección de López Viñals no está exenta de lecturas políticas y cuestionamientos.
El ingreso de López Viñals al máximo tribunal judicial de Salta refuerza una tendencia observable en la gestión de Sáenz: la consolidación de figuras de confianza en puestos clave del poder judicial. Su trayectoria como fiscal penal y su paso por el Ministerio Público Fiscal, donde se destacó por un enfoque punitivista en casos de alto perfil, lo posiciona como un actor alineado con los intereses del Ejecutivo, particularmente en un contexto donde la seguridad y la justicia son temas sensibles para la opinión pública salteña. Sin embargo, esta designación levanta interrogantes sobre la independencia del Poder Judicial, un aspecto que ha sido objeto de debate en la provincia durante los últimos años.
El proceso de selección, aunque formalmente apegado a la normativa constitucional, no estuvo exento de críticas. La celeridad con la que el Senado otorgó el acuerdo, sumada a la falta de un debate público amplio sobre los méritos y el perfil de López Viñals, alimenta las sospechas de una designación más política que técnica. En un contexto donde la Corte de Justicia ha enfrentado cuestionamientos por su lentitud en resolver casos de corrupción y derechos humanos, la llegada de un juez con un perfil marcadamente ligado al Ejecutivo podría profundizar la percepción de una justicia permeable a las presiones políticas.
Además, el nombramiento se produce en un momento de tensión entre el Gobierno provincial y sectores de la oposición, que han señalado la necesidad de una reforma judicial que garantice mayor transparencia y pluralismo en la composición de la Corte. La falta de un mecanismo de consulta pública o de un proceso competitivo más robusto para la selección de jueces es una deuda pendiente que esta designación pone en evidencia.
Si bien López Viñals cuenta con una sólida formación jurídica y experiencia en el ámbito penal, su incorporación al tribunal no parece destinada a transformar el statu quo, sino más bien a consolidar la influencia del Ejecutivo en un Poder Judicial que, en teoría, debería actuar como contrapeso. La provincia necesita una Corte que no solo cumpla con los requisitos formales, sino que inspire confianza en su imparcialidad y compromiso con los derechos fundamentales. Este nombramiento, lejos de cerrar esa brecha, reaviva el debate sobre el rumbo de la justicia en Salta.
En conclusión, la designación de López Viñals, aunque legalmente impecable, deja un sabor agridulce. Es un recordatorio de que, en la política salteña, los equilibrios de poder suelen pesar más que las demandas de una justicia verdaderamente independiente. El nuevo juez asumirá en un escenario complejo, donde cada fallo será escrutado bajo la lupa de la opinión pública y los sectores que claman por una renovación profunda del sistema judicial. Solo el tiempo dirá si López Viñals estará a la altura del desafío o si, por el contrario, su designación será recordada como un capítulo más en la larga historia de tensiones entre el Ejecutivo y la Justicia en Salta.
