La Cámara de Diputados de Salta fue escenario este martes de un acalorado enfrentamiento entre la legisladora oficialista Socorro Villamayor y la opositora Griselda Galleguillos, con el controvertido proyecto de reforma del Instituto Provincial de Salud (IPS) como epicentro de la disputa. El debate, que escaló rápidamente, destapó profundas diferencias sobre la gestión del Ejecutivo provincial y expuso críticas cruzadas sobre la falta de control y transparencia en áreas clave de la administración pública.
El proyecto de reforma del IPS, impulsado por el Ejecutivo y finalmente archivado, desató una tormenta política. Villamayor, férrea defensora del gobernador Gustavo Sáenz, tomó la palabra para desvincular al mandatario de la iniciativa, asegurando que el texto no reflejaba su compromiso con los adultos mayores, un sector especialmente sensible para la política provincial. “Conozco al Gobernador y sé que jamás avalaría una propuesta que vulnere derechos tan sensibles”, afirmó con vehemencia. La legisladora no escatimó críticas hacia la desprolijidad legislativa en torno al proyecto, señalando errores básicos en su tramitación: “Es inadmisible que se haya dicho que ingresó por el Senado cuando, en realidad, lo hizo por esta Cámara. No podemos permitir esta falta de claridad en los procedimientos”.
Villamayor también defendió la intervención del IPS dispuesta por el Ejecutivo, pero exigió respuestas concretas sobre las causas del déficit financiero del organismo, un tema que lleva meses generando especulaciones. “Necesitamos que el interventor y el ministro de Salud den explicaciones claras. La opacidad no es una opción”, sentenció. En un tono más metafórico, la diputada comparó el fallido proyecto con un “niño que mete los dedos en el enchufe” y sugirió que Sáenz debería haber dado un “chirlo” a los responsables, una analogía que generó murmullos y reacciones dispares en el recinto.
La respuesta de la oposición no se hizo esperar. Griselda Galleguillos, con un discurso punzante, elevó el tono de la crítica al oficialismo y a la propia Legislatura. La diputada señaló tres episodios que, a su juicio, reflejan una preocupante desidia institucional: la fallida reforma del IPS, el escándalo en el vóley salteño y el reciente derrame de petróleo en Pichanal. “Es alarmante que nadie haya dicho una palabra sobre estos temas. ¿Dónde están los ministros? En más de un año como legisladora, no vi a uno solo rendir cuentas en este recinto”, disparó.
Sobre el IPS, Galleguillos fue implacable: “No fue un simple error, fue una falla estructural de gestión. Alguien debe asumir las consecuencias, y si no está a la altura, debe ser removido”. La legisladora también cuestionó el silencio de sus pares frente a problemas urgentes, como el derrame en Pichanal, que ha generado preocupación ambiental y social en el norte salteño. “Hay animales muertos, contaminación, miedo en las comunidades, y el Ministerio de Medio Ambiente brilla por su ausencia. ¿Dónde está la responsabilidad?”, interpeló.
Con un discurso que combinó crítica y principios ideológicos, Galleguillos se definió como una promotora de ideas liberales, enfatizando la importancia del control y la transparencia. “No necesito un sello partidario para exigir una gestión eficiente”, afirmó, en lo que muchos interpretaron como un dardo hacia la tibieza de algunos legisladores.
El enfrentamiento entre Villamayor y Galleguillos no solo evidenció las fricciones entre oficialismo y oposición, sino también las tensiones internas en la Legislatura respecto al rol fiscalizador de los diputados. Mientras la oficialista buscó blindar al gobernador Sáenz y abogó por una revisión responsable de los errores, la opositora reclamó mayor contundencia y cuestionó el hermetismo del Ejecutivo.
La intervención del IPS, lejos de apaciguar los ánimos, ha avivado un debate que promete extenderse. La falta de información oficial sobre el estado financiero del organismo y la ausencia de respuestas claras por parte de los funcionarios alimentan el malestar, tanto en el ámbito legislativo como en la opinión pública. En un contexto de creciente escrutinio, el Gobierno provincial enfrenta el desafío de recuperar la confianza y demostrar que puede encauzar una gestión transparente y efectiva.
