El Concejo Deliberante de Salta vive momentos de alta tensión tras las denuncias contra el concejal libertario Pablo López, acusado de presunta violencia de género y extorsión contra una militante de su propio espacio político.
Según informó el concejal Gonzalo Nieva, integrante de la Comisión, López solicitó una prórroga de cinco días hábiles para preparar su defensa. Sin embargo, el pedido fue rechazado, y el cuerpo legislativo decidió intimarlo a presentarse el próximo jueves 31 de julio a las 11 de la mañana. “Es una decisión que depende de él. Si no hace uso de esta facultad, avanzaremos con el dictamen en base a los elementos que ya tenemos en la investigación”, aseguró Nieva en diálogo con Nuevo Diario de Salta.
Nieva también destacó la responsabilidad institucional del concejal, recordando que, como funcionario electo, López tiene la obligación de asistir a las sesiones y convocatorias del Concejo. La ausencia del edil libertario en esta instancia clave no hizo más que avivar el malestar entre sus pares y la ciudadanía, que sigue de cerca el desarrollo del caso.
Un proceso disciplinario con antecedentes
La concejala Malvina Gareca, también miembro de la Comisión, confirmó a Nuevo Diario que López no asistió a la reunión programada para este martes. “Hemos fijado una nueva fecha para que pueda presentarse o enviar un escrito. Con lo que tengamos el jueves, estaremos en condiciones de elaborar un dictamen”, explicó Gareca. La edil subrayó que el proceso busca garantizar el derecho a la defensa, pero también avanzar con celeridad en un caso que ha conmocionado a la opinión pública.
Una vez que la Comisión concluya su dictamen, se convocará a una sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante para debatir y votar las posibles sanciones contra López. Según la normativa vigente, las medidas podrían ir desde una suspensión hasta la exclusión definitiva del cuerpo legislativo, dependiendo de la gravedad de los hechos denunciados.
Denuncias que sacuden el ámbito político
El caso de Pablo López ha generado una fuerte conmoción en Salta, no solo por la naturaleza de las acusaciones –violencia de género, extorsión sexual y retención de haberes–, sino también por el impacto dentro de su propio espacio político, La Libertad Avanza. La denuncia, presentada por una militante del mismo sector, incluye pruebas como audios que evidenciarían conductas incompatibles con el ejercicio de la función pública.
La filtración de estos audios desató un repudio generalizado, tanto a nivel local como nacional. Desde el partido libertario, varios referentes tomaron distancia de López, mientras que las autoridades locales de La Libertad Avanza dispusieron su expulsión. Incluso, el padre del concejal, que ocupaba un cargo como convencional constituyente por el mismo espacio, presentó su renuncia tras el escándalo.
Próximos pasos y expectativas
La atención está ahora puesta en la audiencia del jueves 31 de julio, donde López deberá decidir si ejerce su derecho a defensa o si, por el contrario, persiste en su ausencia. La Comisión, por su parte, ya solicitó al Poder Judicial toda la documentación relacionada con la denuncia penal presentada contra el concejal, lo que permitirá un análisis más exhaustivo de las pruebas.
El dictamen final de la Comisión será determinante para definir el futuro político de López en el Concejo Deliberante. Mientras tanto, el caso continúa generando debates sobre la ética en la función pública y la necesidad de mecanismos más estrictos para prevenir y sancionar conductas de violencia de género en el ámbito político.
Un caso que trasciende lo local
El escándalo protagonizado por Pablo López no solo ha impactado en Salta, sino que también ha alcanzado repercusión a nivel nacional, poniendo en el centro del debate la conducta de los representantes políticos y su responsabilidad frente a la ciudadanía. La resolución de este caso podría marcar un antes y un después en la manera en que las instituciones abordan las denuncias de violencia de género, un tema que atraviesa todos los niveles de la sociedad.
