En Argentina, la cifra de jóvenes que no estudian ni trabajan se mantiene en torno al 30% desde hace más de una década. Lejos de representar un fenómeno pasajero, se convirtió en un indicador estructural que atraviesa a todos los sectores sociales, pero golpea con mayor fuerza a quienes crecen en contextos de vulnerabilidad.
La problemática se refleja en barrios urbanos y zonas rurales del país, donde miles de adolescentes y jóvenes enfrentan grandes dificultades para sostener la escuela, acceder a empleos formales o encontrar espacios de capacitación compatibles con sus rutinas y recursos.
En muchos centros comunitarios del interior, la única computadora disponible o la señal de Wi-Fi del barrio se transforman en herramientas fundamentales para cargar un currículum o inscribirse en un curso. Para jóvenes que alternan changas, cuidado familiar y traslados largos, la posibilidad de estudiar depende de horarios inciertos y recursos siempre ajustados. Las interrupciones constantes suelen fragmentar sus trayectorias: cuando aparece un trabajo eventual, abandonan; cuando ese empleo termina, vuelven a intentar retomar lo pendiente.
El problema empieza antes de los 18 años. Una porción muy pequeña de estudiantes logra terminar la secundaria en tiempo y con aprendizajes adecuados. Quienes no lo logran suelen provenir de hogares donde los ingresos no cubren lo básico, lo que condiciona la continuidad escolar y la formación posterior. La conectividad limitada en muchas regiones del país también complica tanto el estudio como la búsqueda laboral. Esta falta de acceso al mundo digital se volvió uno de los factores que más profundiza la brecha con respecto a otros sectores.
La situación es aún más compleja para las mujeres jóvenes. La mayoría de quienes están fuera del estudio y el trabajo carga con tareas de cuidado no remuneradas: atender a hermanos, hijos o familiares enfermos. Es un esfuerzo que no aparece en ninguna estadística económica, pero que define su día a día y limita sus posibilidades de sumarse a un curso o aceptar un empleo. La brecha de género se vuelve evidente en las tasas de participación laboral y en la dificultad para sostener cualquier proyecto educativo.
Esta realidad no responde a un solo motivo, sino a una combinación de factores: trayectorias educativas frágiles, falta de habilidades laborales básicas, desigualdades territoriales y un mercado de trabajo que ofrece empleos informales, inestables y de baja calidad. A eso se suma un desajuste entre lo que los jóvenes esperan del sistema educativo y lo que encuentran. Muchos sienten que los estudios disponibles no les garantizan mejores oportunidades, y que los empleos formales tardan demasiado en llegar.
El impacto de la pandemia profundizó estos problemas. Las interrupciones prolongadas de la presencialidad escolar y el aislamiento deterioraron aprendizajes ya débiles y afectaron el bienestar emocional de quienes intentaron retomar la escuela luego de meses desconectados. En numerosos barrios se nota cómo estas secuelas todavía influyen en el ánimo y la motivación de quienes quedaron rezagados durante esos años.
La informalidad laboral también aparece de manera temprana. Muchos jóvenes crecen en hogares donde las changas son la única fuente de ingresos, lo que naturaliza desde corta edad la idea de que estudiar y trabajar no siempre pueden convivir. Cuando las necesidades económicas apremian, la escuela pasa a un segundo plano y la prioridad es aportar algo al hogar.
Las consecuencias de esta exclusión son profundas. Quien pasa años fuera del sistema educativo o laboral ve reducidas sus posibilidades de acceso a empleos de calidad. Cada año sin formación ni trabajo disminuye los ingresos futuros y prolonga la distancia entre quienes logran insertarse en el mercado laboral y quienes quedan atrapados en la precariedad. Esta brecha condiciona no solo los ingresos individuales, sino también el desarrollo productivo del país.
A pesar de este panorama, hay iniciativas que buscan revertir la tendencia. Varias provincias avanzan en cursos de oficios, formaciones cortas, alfabetización digital y programas modulares que permiten avanzar por etapas. Los modelos que mejor funcionan son aquellos que se articulan con sectores productivos concretos, ofrecen prácticas laborales y adaptan los tiempos de estudio a la realidad cotidiana de los jóvenes.
Los espacios “puente” también ganan protagonismo: lugares donde se combinan actividades recreativas, culturales y tecnológicas con acompañamiento emocional. Para quienes quedaron desvinculados de la escuela o del trabajo, estos espacios sirven para reconstruir hábitos, recuperar la confianza y volver a proyectar.
Las becas educativas, los apoyos económicos y la asistencia para el transporte son herramientas que permiten sostener la participación en programas de formación o en empleos formales. En un país donde las distancias y los costos suelen ser un obstáculo, estos incentivos pueden marcar la diferencia.
La llamada “Generación Ni Ni” sintetiza una problemática que no es individual, sino estructural. Detrás de cada joven que quedó afuera hay un entramado de condiciones que exceden la voluntad personal. El desafío está en diseñar políticas que acompañen, capaciten y ofrezcan oportunidades reales. Solo así será posible reconstruir trayectorias que hoy aparecen fragmentadas y garantizar que las próximas generaciones puedan imaginar un futuro más estable y previsible.
