El Gobierno de Salta dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con la Asociación Docente Provincial (ADP) y ordenó suspender el paro de 72 horas previsto para el 20, 21 y 22 de octubre. La medida busca abrir una instancia formal de negociación entre el gremio y el Ministerio de Educación.
La decisión fue establecida mediante la Resolución N.º 1801 de la Subsecretaría de Trabajo, firmada el 16 de octubre. El procedimiento comenzará a las 0 del martes 20 y tendrá una duración inicial de 15 días hábiles, con posibilidad de extenderse por otros cinco.
Como parte de la medida, se convocó a una audiencia presencial para el jueves 22 de octubre, a las 16, en la sede de la Subsecretaría de Trabajo, ubicada en Simón Bolívar 141, en la ciudad de Salta.
La resolución intima a la ADP a dejar sin efecto las medidas de fuerza y la movilización anunciadas. También establece que el Ministerio de Educación deberá abstenerse de tomar represalias contra los docentes representados por el sindicato en el marco de esta disputa. El incumplimiento de las disposiciones puede derivar en sanciones.
El paro había sido ratificado por la conducción gremial, encabezada por Fernando Mazzone, ante la falta de respuestas satisfactorias a los reclamos presentados el 29 de junio ante distintas autoridades provinciales.
Entre los principales pedidos figuran la recomposición salarial, mejoras en la situación económica de los trabajadores y alternativas para aliviar el endeudamiento docente. En particular, el gremio planteó la necesidad de implementar mecanismos para refinanciar deudas con el Banco Macro.
Sobre ese punto, el Gobierno provincial acordó posteriormente una línea de crédito destinada a brindar asistencia. También se registraron avances en la modificación de la base de cálculo de futuros aumentos salariales, aunque la ADP sostiene que todavía quedan planteos pendientes.
La decisión de avanzar con un paro de tres días se tomó durante una reunión de la Junta Ejecutiva del sindicato, realizada el jueves 8 de octubre. Desde entonces, las diferencias entre las partes se mantuvieron abiertas, pese a la continuidad de los espacios de diálogo.
El Ejecutivo provincial había cuestionado la convocatoria a la huelga al considerar que la suspensión de clases no favorece la resolución de los reclamos mientras continúen vigentes las instancias de negociación. No obstante, reconoció que algunos puntos del petitorio gremial todavía requieren tratamiento.
Con la conciliación obligatoria, el conflicto ingresa ahora en una etapa formal en la que ambas partes deberán participar de las reuniones convocadas y respetar las condiciones establecidas por la autoridad laboral.
La audiencia del jueves será clave para evaluar los reclamos pendientes y buscar acuerdos que permitan destrabar la disputa sin afectar el dictado de clases.
