Vender planes de ahorro a través de los cuales la gente, mes a mes, dispone sus ahorros y esperanzas para adquirir un vehículo, debería ser un negocio loable tanto para el que ofrece dicho bien como para el que lo paga. Sin embargo, la normalidad habla de otra cosa. Son conocidas las historias de estafas, abusos y malos tratos por los que suele pasar el consumidor, transformando lo que debería ser un motivo de festejo, en un calvario.
Cuando la empresa vendedora de planes argumenta que sobre vendió planes y por ello no puede entregar las unidades comprometidas en tiempo y forma (viniendo de una multinacional), suena a excusa de principiante y no de un avezado y responsable comerciante.
Y aún más, cuando dicho comercio se niega a pagar las multas establecidas por ley y que protegen a los adquirentes castigando por mora a las empresas y comerciantes que no cumplen los contratos.
Esta acción -la sobreventa y los incumplimientos- parecen un negocio premeditado y aceitado que se acerca peligrosamente a lo delictual aprovechando la posición de ventaja comercial dominante que ostentan las marcas multinacionales.
Así, estamos también ante una posible estafa cuyo fin es que la empresa comercializadora se enriquezca ilícitamente en detrimento de ahorristas que solo pueden ver con impotencia como se burlan de ellos.
En ese sentido los abogados Diego Rivetti e Iván Sánchez Osadcia, ante el caso concreto sufrido justamente por el último profesional mencionado, y luego de un largo y extenuante peregrinar, que incluyó pedidos y hasta entrevistas personales, en las cuales según el perjudicado “alegre, soez y vergonzosamente descalificaron al adquirente de los planes objetando que como era posible que un simple ciudadano del interior del país comprara varios planes de ahorro”.
Así, y luego de cartas documentos e intimando al pago concurriendo por la vía de Defensa al Consumidor, donde los acusados solo ganaron tiempo ya que solicitaron sucesivos intermedios a fin de realizar una propuesta que no llegó nunca.
Los abogados no demoraron en iniciar acciones judiciales a través de las cuales NISSAN ARGENTINA S. A. FUE EMBARGADA PREVENTIVAMENTE por un monto de casi $18.000.000,00 y su presidente, Ricardo Flamini citado bajo apercibimiento de ley a dar explicaciones ante los estrados judiciales de la ciudad de Salta.
Así, y según advierten los denunciantes, es tal el desprecio por la justicia y la renuencia a ponerse a derecho por parte de la empresa que, cuando se pretendió notificar de la demanda a NISSAN ARGENTINA y a su presidente, el mismísimo Ricardo Flamini, el oficial de justicia comisionado de la Pcia. de Buenos Aires -actuante quien da plena fe pública- se dio con la sorpresa al concurrir al edificio donde NISSAN ARGENTINA fijo su domicilio contractual, recibió vía correo cartas documentos y es el mismo que denuncia ante el AFIP, fue informado que ese edificio ¡no es el domicilio de NISSAN!.
Pero todo llega, y es que, por decisión de la Justicia, y luego de meses tratando de notificar infructuosamente a la esquiva NISSAN, sus responsables deberán enfrentar por fin a la justicia el día 09 de abril próximo.
Además, y empeorando la situación de la automotriz extranjera, la multa contractual a NISSAN ARGENTINA no es la única pena que tendrían que pagar, ya que conforme a la ley N 24.240 de Defensa al Consumidor, corresponde aplicar una multa punitoria en favor del adquirente que según su gravedad podría llegar hasta los $450.000.000,00, más daño moral y más la publicación del fallo judicial en los principales medios periodísticos de país teniendo que cubrir ellos mismos dichos costos. Una completa vergüenza.
Mientras tanto, los simples ciudadanos continúan trabajando y NISSAN ARGENTINA, impunemente acumula ganancias mal habidas.